En México 5 de cada 10 empresas experimentaron corrupción en el último año, principalmente con las autoridades estatales que refleja una de las cifras más altas en 6 años. No obstante, estos actos no son denunciados por desconfianza en el sistema de procuración de justicia.
Data Coparmex y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) realizaron una encuesta en el sector privado a nivel nacional en donde el 48% reconoce haber tenido que pagar un soborno en el 2023, cuando en el 2022 fue de 39%.
Con esto, la mitad de empresarios dijo que un servidor público o una tercera persona le solicitó algún beneficio, como dinero, regalos o favores para realizar, agilizar o evitar trámites, multas o pagos.
En el 2021 se registró el menor porcentaje al reflejar que 3 de cada 10 respondieron afirmativamente y en el 2010, fue el 32%.
Mientras tanto, el 59% de las empresas que experimentaron corrupción en el último año lo hicieron en un trámite con el gobierno estatal, las autoridades municipales estuvieron involucradas en 55% de las experiencias de corrupción y el gobierno federal en 46%.
En 6 de cada 10 casos fue para agilizar trámites, seguido por obtener licencias o permisos con un 39%, y 3 de cada 10 lo hicieron para evitar multas, sanciones o clausuras.
A partir de estas respuestas, es claro que las empresas se ven involucradas en sobornos para disminuir los costos excesivos en tiempo o dinero de los trámites de gobierno y las decisiones que toma la autoridad durante estos procesos, ya sea para otorgar licencias o sancionar a las empresas”, estableció el estudio.
Aunque caen en estos sobornos, el 86% considera que les perjudica este acto, mientras tanto, sólo 5% señaló que le beneficia.
En cuanto a sectores, el de transportes, correos y almacenamiento encabezaron la estadística con el 70% de casos; la minería con 57%, así como servicios inmobiliarios en 53%, además de la agricultura y otras actividades primarias en un 53%.
Para el sector de la construcción el 52%, así como comercio al por mayor en 52%.
La encuesta fue aplicada a las empresas socias de Coparmex, distribuidas en 68 centros empresariales en todo el país y el estudio consideró que un acto de corrupción en contra de una o muchas compañías puede provocar una reacción en cadena que afecta también a la ciudadanía.
Aseguró que eso puede reflejarse en el aumento en el precio de productos que necesita consumir, en la reducción de calidad de los servicios que recibe o en la dificultad para crear nuevos empleos.
Por el otro, debido a su capacidad financiera, no son únicamente víctimas de abusos o extorsiones que vienen de funcionarios de gobierno, sino que también pueden tener un papel activo en un acto de corrupción. Esto sucede al pagar sobornos para obtener un trato preferencial o, en casos más extremos, alterar las reglas que les aplican a su favor.
