Este lunes será la entrevista a la terna que compite por la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción de Oaxaca, no obstante, Karina Reyes Ávila sería la favorita para recibir la mayoría de votos en la próxima sesión del miércoles en el Congreso local.
La excontralora del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción de Oaxaca (TJACCOAX), se encuentra en la propuesta que remitió el gobernador Salomón Jara al Poder Legislativo para sustituir a Jorge Emilio Iruegas Álvarez
En la entrevista de este lunes que llevará a cabo la Comisión de Procuración y Administración de Justicia que preside la morenista Lizeth Arroyo Rodríguez, también se encuentran Mitzi Samary León Gómez y Estefanía González Ramos.
Entre las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Oaxaca (FGO) está la reducción del requisito de edad para este nombramiento que anteriormente era de 35 años y pasó a 30 años, así como cinco años mínimo de experiencia.
Con esto, darían paso a Reyes Ávila por estar en los acuerdos políticos, adelantaron algunas voces.
El documento de la terna, se turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de Administración y Procuración de Justicia; y de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, para la continuidad del proceso de elección conforme a la convocatoria emitida por la LXV Legislatura local dirigida a profesionales de la licenciatura en Derecho.
Te puede interesar: Separan a cinco funcionarios de la FGEO por corrupción
El 10 de agosto el Congreso local emitió la convocatoria y el 15 del mes pasado, tendrían que presentarse las personas aspirantes a este cargo.
Para la designación de la o el fiscal en la materia, se considerará el voto de las dos terceras partes de las diputadas y diputados presentes, dentro del plazo de 10 días que establece la fracción III, del apartado D, del artículo 114 de la Constitución de Oaxaca.
La próxima funcionaria deberá contar con título profesional de la Licenciatura en Derecho, con antigüedad mínima de cinco años; gozar de buena reputación.
Asimismo, no haber sido condenada o condenado mediante resolución firme por delitos de género, por violencia familiar, por delitos cometidos por razones de género y no estar inscrito como persona deudora alimentaria morosa en cualquier registro oficial a menos que acredite estar al corriente del pago, cancele en su totalidad la deuda, entre otros.
La convocatoria señala que las tres personas propuestas serán entrevistadas por las comisiones legislativas, las cuales remitirán los informes de las comparecencias al Pleno, para que las y los integrantes de la Legislatura analicen, discutan y posteriormente, en sesión, realicen la votación correspondiente.
