Carlos Moreno Alcántara, extitular de la Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra); Antonio Armando Espina y José Antonio Carrasco, exdirector de Concesiones y exdirector Jurídico, respectivamente, acusados del delito de tráfico de concesiones en el 2016, se acogieron al plazo constitucional, por ello será hasta el próximo sábado cuando el juez determine sobre su situación jurídica.
La Fiscalía General del Estado ejercitó acción penal en contra de estos servidores públicos el pasado martes, decretándose como legal las detenciones ese mismo día durante una audiencia privada en la sala 1 de los juzgados penales de Santa María Ixcotel.
Sin explicaciones concretas para decretarla nuevamente privada, casi en lo ‘oscurito’ ayer se desarrolló la audiencia de comunicación de imputación, en la sala B de los Juzgados de Control de Circuito Judicial de Valles Centrales con sede en Tanivet.
Durante esta audiencia, los exfuncionarios decidieron reservarse el derecho a declarar y se acogieron al plazo constitucional.
Por ello será el próximo sábado por la mañana, cuando el juez Jorge López Reyes nuevamente en lo ‘oscurito’ determine si vincula a proceso o no a estas personas otorgaron presuntamente de manera ilegal 502 títulos de concesión para la explotación del servicio público de transporte en el estado de Oaxaca.
En su momento, personal de la Fiscalía Anticorrupción dio a conocer que los exgabinistas firmaron y otorgaron estas 502 concesiones sin cumplir con los requisitos legales, entre los meses de enero a noviembre de 2016.
Las concesiones fueron otorgadas sin contar con el pago de derechos correspondiente, lo cual representó un daño patrimonial a Hacienda Pública del Estado por la cantidad de 5 millones 836 mil 284.16 pesos, más el interés legal generado, actualizaciones, recargos y demás accesorios aplicables a partir de la fecha en que se debió haber efectuado el pago de los derechos correspondientes.
Se precisó en su momento que los citados títulos de concesión fueron firmados con facultades de coordinación de la expedición de las autorizaciones relativas y facultades de validación de la emisión de las concesiones; lo cual independientemente del daño económico causado al erario del Estado de Oaxaca, lesiona también los derechos de los concesionarios formalmente regulados, por no cumplirse con los requisitos establecidos en las leyes de la materia para el otorgamiento de las concesiones.
