Los jornaleros de Chiapas y Oaxaca son los más propensos a sufrir delitos como trata de personas, señala la investigación “Jornaleros agrícolas migrantes y seguridad social”, del Centro de Estudios y Opiniones Sociales de la Cámara de Diputados federal.
La trata de personas y el trabajo infantil son comunes en áreas geográficas con jornaleros agrícolas, detalla la investigación; estas zonas son generalmente en los estados del norte del país, a donde miles de jornaleros del centro y sur del país migran cada año para laborar.
El pasado 10 de diciembre, un autobús que transportaba jornaleros oaxaqueños provenientes de Sonora, volcó debido a las malas condiciones de la unidad; en el accidente murieron dos personas y decenas resultaron heridas.
El informe de la Cámara de Diputados se basa en el Estudio sobre la intervención de las autoridades del trabajo en la prevención de la trata de personas y la detección de posibles víctimas en campos agrícolas, documento elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde se sostiene que Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Veracruz, Michoacán, Zacatecas, Nayarit, San Luis Potosí, Hidalgo y Sinaloa son las entidades con mayor presencia de esas anomalías.
Con relación a ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el documento denominado Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de movilidad humana en México, ha expresado, entre otras cosas, que un número significativo de niños y adolescentes migrantes trabajan en condiciones de explotación en el sector agrícola, en actividades del comercio informal, en labores domésticas o son víctimas de explotación sexual en áreas urbanas o rurales.
El CIDH ha subrayado que las condiciones de trabajo de tales personas en muchas ocasiones son contrarias a lo establecido en la legislación laboral e incluso pueden calificarse como posibles casos de trata de personas.
“En consonancia con lo anterior, el Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias ha alertado acerca de la precaria situación de estos, así como sobre la urgencia de implementar medidas para mejorar sus condiciones de trabajo, así como investigar y sancionar a los responsables de estas. Para coadyuvar a tales propósitos el referido comité ha emitido diversas recomendaciones al Estado mexicano”, detalla el análisis.
