El presidente de Santa Lucía del Camino, Juan Carlos García Márquez, “por decencia y dignidad debe renunciar a su cargo”, después de los hechos que derivaron en la muerte de Diego Ignacio Paz ocurrido el 31 de agosto por la agresión de policías municipales en un módulo de alcoholímetro en esta municipalidad.
Así lo propuso el diputado Leonardo Díaz Jiménez, quien en Tribuna el pasado miércoles, en el Congreso del Estado, después de lamentar el caso de un joven que salió a divertirse y no regresó a su casa.
El presidente ( de Santa Lucía) por decencia, por dignidad y por vergüenza, tenía que pedir licencia a partir de ayer, no de mañana ni de hoy, no pedir disculpas, cuando te matan a un hijo, no quiero que me pidan disculpas, quiero justicia”, refirió.
Indicó que la actuación policíaca dejó en claro la negligencia e incapacidad, además del desconocimiento y la ignorancia en el manejo de los protocolos, y es que, señaló que el Gobierno de Santa Lucía a través de la policía, “no se convirtieron en una autoridad recaudadora sino extorsionadora porque para eso servían estos retenes”.
Dijo que aquí aplica el viejo adagio de “ahogado el niño a tapar el pozo”, esto porque García Márquez, está por terminar su primer trienio y cuenta con un varias quejas y abusos en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y no se ha atendido el tema, a pesar de las denuncias de los ciudadanos que pasan por este municipio.
El legislador hizo un llamado a sus compañeros diputados para pasar del discurso a la acción, y realizar acciones que lleven a la aplicación de justicia para Diego Ignacio Paz.
Pido justicia, porque soy papá y no quiero que el día de mañana, mi hijo salga a divertirse y no regrese, porque un presidente municipal es incapaz ni siquiera de manejar a su policía, porque tiene gente incapaz y sin corazón”, agregó.
Agregó que los elementos de seguridad no están para abusar, sino para prevenir los delitos, mucho menos para extorsionar a los ciudadanos como ha ocurrido.
Aseguró que en estos retenes se han realizado extorsiones que van de 20 a los 30 mil pesos.
Remarcó que ante el Congreso se debe iniciar el tema de revocación de mandato para el presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Juan Carlos García Márquez.
No obstante, aclararon que este proceso procede cuando una autoridad lo solicita.
