Un accidente con una fogata en el Colegio Francoise Dolto, que dejó al menos 12 niños con quemaduras, no solo sacudió a la comunidad educativa de Oaxaca, sino que también evidenció el funcionamiento clandestino de esta escuela, que operaba sin autorización desde hace al menos un año, según confirmaron autoridades estatales. El hecho ha puesto bajo escrutinio la vigilancia educativa en el estado y la responsabilidad compartida entre instituciones.
EL INCIDENTE
El incidente ocurrió durante una actividad escolar en la que se encendió una fogata sin medidas de seguridad adecuadas. El fuego se salió de control y causó quemaduras en varios menores. Lo que motivó la intervención de cuerpos de emergencia, autoridades educativas y de procuración de justicia.
Lo más alarmante, sin embargo, es que la tragedia ocurrió en una institución que ya había sido clausurada por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO). El gobernador Salomón Jara Cruz fue enfático al señalar que el colegio carecía de autorización para operar:
“He dado indicaciones […] para que se investigue, detenga, pare y le quite la clave si es necesario a esta escuela. Pero sí, ya no podrá funcionar, se le va a retirar su clave y su registro”, declaró el mandatario, quien también ordenó una revisión a fondo de todas las escuelas privadas en el estado. “Hoy tenemos que dar a conocer cómo se encuentran las escuelas privadas. Deben cumplir con ciertos requisitos. Sé que deben tener un seguro”, añadió.
UN HISTORIAL DE IRREGULARIDADES Y OMISIONES
Lejos de tratarse de una institución nueva, el Colegio Francoise Dolto acumulaba años de antecedentes irregulares. Emilio Montero, titular del IEEPO, explicó que esta escuela recibió claves oficiales para operar en nivel preescolar en 2005 y en primaria en 2010. Sin embargo, en 2015 estas fueron revocadas por realizar actividades en un domicilio no autorizado.
En 2018, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ordenó la restitución de las claves, argumentando que había habido persecución por parte del IEEPO. Esta decisión, aparentemente tomada sin un análisis técnico profundo, permitió que el colegio retomara operaciones sin haber subsanado las deficiencias señaladas años antes.
“La escuela siguió operando en forma clandestina en un domicilio no autorizado, al haber sido clausurada y sin clave oficial”, enfatizó Montero.
En 2024, el instituto ordenó nuevamente la suspensión de la clave y la clausura formal del plantel, medida que el colegio ignoró. Pese a ello, en ese mismo año, el Francoise Dolto solicitó certificaciones para sus alumnos, lo que revela una evidente desarticulación entre las disposiciones oficiales y su aplicación efectiva.
INVESTIGACIÓN PENAL EN MARCHA
La Fiscalía General del Estado, encabezada por Bernardo Rodríguez Alamilla, también ha tomado cartas en el asunto. En conferencia de prensa, el fiscal detalló que ya se han reunido más de 50 elementos de prueba, incluidos testimonios, peritajes e informes policiales.
“Con fecha 02 de mayo de 2025, el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales concedió orden de cateo […] en donde se recabó una botella con alcohol sin tapa y un encendedor”, informó Rodríguez Alamilla.
Tras el cateo, el inmueble fue asegurado por la fiscalía como parte del proceso judicial que podría culminar con responsabilidades penales para los responsables del colegio. Hasta el momento no se han emitido órdenes de aprehensión, pero las autoridades han prometido que no habrá impunidad.
¿QUIÉN FALLÓ?
Esta tragedia deja una estela de dolor entre las familias afectadas, pero también cuestionamientos severos sobre la eficacia de las instituciones encargadas de supervisar el sistema educativo. ¿Cómo pudo una escuela operar por tanto tiempo sin clave, sin supervisión y sin condiciones mínimas de seguridad? ¿Por qué las decisiones administrativas, incluso tras clausuras oficiales, no se hicieron efectivas?
Mientras el gobierno promete acompañamiento y regularización para los alumnos afectados, la confianza en el sistema educativo, sobre todo en el sector privado, queda gravemente dañada.
Finalmente, en palabras del propio gobernador: “Debemos dar a conocer cómo se encuentran las escuelas privadas”. La tragedia del Francoise Dolto exige no solo justicia para las víctimas, sino una reconfiguración urgente del sistema de vigilancia y regulación educativa en Oaxaca.
