Especialistas en materia de vivienda y prevención de desastres, coincidieron en que los principales factores que conllevan a la vulnerabilidad de la población en caso de una contingencia natural y humana, es la corrupción, falta de planeación territorial y la lenta actualización de las normas de construcción.
A pesar de los impactos devastadores que han provocado los huracanes, sismos, lluvias, inundaciones, vientos y deslizamiento de laderas en la entidad oaxaqueña, a nivel estatal y nacional poco se ha avanzado para actualizar las normatividades para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Después de los sismos que impactaron en 2017 en las regiones del Istmo de Tehuantepec y la Costa oaxaqueña, a la fecha el Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural del Estado de Oaxaca, no se ha actualizado desde 1998 y las disposiciones generales con las que se cuentan no se cumplen.
Corrupción, principal factor de vulnerabilidad
El arquitecto Gilberto Santiago Venegas, señaló que a pesar de que existe el Reglamento de Construcción que data desde 1998, al menos el 95 por ciento de las viviendas, edificios y centros comerciales que se edifican en la entidad, no respetan los lineamientos.
“No tiene caso actualizar el reglamento si nadie cumple con lo que se especifica en sus diversos capítulos, en ninguna parte se toma en cuenta el Director Responsable de Obra (DRO), que es el personaje más importante en cualquier obra, porque es el que firma el proyecto y posteriormente si alguna edificación tiene un siniestro o se colapsa, el responsable directo es esta figura”.
“En muchos lugares solamente se establecen peritos firmones y es lo que deja en la indefensión a la gente, estos peritos solamente van, realizan una visita a la obra y lo único que acuerdan con los propietarios es la cantidad que cobran que van desde los 20 mil pesos, firman y desaparecen, jamás se vuelven a aparecer y al final resulta que no lo hicieron bien”, resaltó el arquitecto.
Santiago Venegas, especialista en la materia que ha sido partícipe de diversos foros y conferencias acerca de los efectos de los sismos, expuso que todo este proceso se ve enmarcado por la corrupción. “La misma gente busca quien les cobre menos, los que más incurren en esto son los hoteles, empresas transnacionales, conjunto departamentales y habitacionales que deberían hacer uso del padrón del DRO que existe en el estado”.
“La misma corrupción nos va llevando a que no se entreguen bitácoras de obras, que no supervisan a la figura del DRO, nadie cumple con el reglamento, mucho menos con sus obligaciones como son las autoridades municipales”.
Reiteró que de actualizar el reglamento, también es necesario establecer mayores castigos y multas a quienes no respeten la normatividad vigente, “aunque se modificara esta ley de obra, este fenómeno de crecimiento desordenado se seguirá viendo si nadie le hace caso”.
“Aunque no lo cumplan, hay municipios donde exigen el DRO, pero también existen municipios donde de plano no lo exigen como lo es Pinotepa Nacional, ubicado en una zona altamente sísmica, en municipios como este con que alguien tenga una cédula lo firman”.
Explicó que cuando se cumple con todo el reglamento y se realizan todas las observaciones correspondientes, las columnas y las cimentaciones son la parte más importante, “incluso las viviendas y edificios que cumplen con esta normatividad, sus puertas y ventanas deben cumplir con ciertas medidas”, dijo Santiago Venegas.
Reiteró que si bien es necesario modificar y enriquecer algunos puntos del reglamento, lo más importante “es que se cumpla porque si se cumpliera habría por los menos más seguridad para las familias oaxaqueñas”.
“Para evitar tragedias cuando ocurren los fenómenos naturales, lo primero es que los proyectos y obras sean ejecutadas por profesionales en la materia, que se observe de manera excepcional y que los DRO sean los que supervisen los trabajos, porque a veces por influyentísimo se autorizan los proyectos, sin la autorización del DRO, solamente contratan firmones y esto empeora cuando el municipio no hace su trabajo de verificar que la obra se esté construyendo como se estableció en la planimetría porque ellos tienen que revisar y supervisarlo conforme al reglamento”, aseguró el arquitecto.
“Pero si al revisor del ayuntamiento hace caso omiso a esto, pues todo es un cadena de incumplimiento y corrupción, aunque el cliente quiera hacer sus observaciones pero si no cumple con la norma, no se puede construir y el director responsable no debe firmar y dar visto al municipio para que aplique las sanciones correspondientes”
Dijo Gilberto Santiago que un ejemplo de las violaciones a las normas vigentes, es lo que ocurrió el 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México, con el colapso del Colegio Enrique Rébsamen, “donde seguramente el DRO jamás supervisó y solamente firmó, ahora está prófugo de la justicia”, apuntó el arquitecto.
Desigualdad social y falta de planes de desarrollo, factores de riesgo
Para el director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), Enrique Guevara Ortiz, existen otros factores primordiales como la desigualdad social y la falta de planes de desarrollo social lo que genera riesgos en la población.
“En la década de los 90, cuando el huracán Mitch impactó en centroamérica, fue entonces que los especialistas se preguntaron que si la intensidad del fenómeno había sido factor del desastre que generó, llegaron a la conclusión que era una combinación del impacto y con las condiciones persistentes, por eso escuchamos que la gente afectada ya eran damnificados antes de que impactara el huracán”.
“Ya existen condiciones persistentes, desigualdades sociales y una serie de factores en nuestras sociedades que están nada más esperando que ocurra una desgracia que detone y se transforme en desastre, el país está expuesto a este tipo de amenazas, algo muy importante que debemos reconocer es que la planeación y la elaboración de programas de desarrollo, de ordenamiento territorial, no toman en cuenta los riesgos de desastre”, señaló Guevara Ortiz.
Mencionó que las ciudades han crecido sin tomar en consideración cuáles pueden ser los riesgos de ir creciendo en zonas donde ocurren sismos, “donde haya actividad sísmica, inestabilidad de laderas, donde el suelo no es apto para construcción, entonces, estos desarrollos que van teniendo las ciudades no toman en consideración los tipos de suelos”.
Guevara Ortiz, destacó que en la elaboración del nuevo marco jurídico de protección civil que se realiza a nivel nacional y en la actualización del nuevo reglamento de construcción, “se deben ver las condiciones que generan riesgos y que eventualmente pueden ocasionar desastres, lo mejor es preverlos y una vez identificados reducirlos, debemos controlar de manera permanente estos riesgos, el problema es que todavía no hemos transitado en las acciones hacia esa visión”.
“Lo que es evidente es que nuestro país está expuesto a todos los fenómenos perturbadores ya sean naturales o actividades humanas, y si a esto le sumamos los escenarios del cambio climático, va seguir ocurriendo temblores, ciclones tropicales y lluvias intensas”.
Coincidió Guevara Ortiz en que el factor principal de vulnerabilidad de la población, “sin duda es la corrupción en dar autorización de construcciones sin supervisión en zonas no aptas, también en ello están incluidos las autoridades de Protección Civil por otorgar los programas internos a cambio de una dádiva, es una serie de situaciones en que la corrupción también genera riesgos”.
“En eso se tiene que hacer énfasis en el nuevo marco jurídico y las nuevas normatividades, los desastres se debe a los riesgos donde construye la sociedad, a veces no es culpa de los sismos o de las lluvias cuando ocurren las grandes devastaciones, sino es culpa de que no construimos adecuadamente, vamos generando muchas vulnerabilidades y eso es un problema de desarrollo, se debe vincular el desarrollo con la manera y zonas de construcciones porque un riesgo existente que no es gestionado, se va a traducir en desastres”.
En ese sentido, mencionó que las condiciones sociales también crean condiciones de vulnerabilidad, “por eso debemos conocer las causas de fondo, las prácticas de desarrollo inapropiadas, construcción inseguras, la pobreza, el uso inadecuado de los recursos naturales y si no hacemos caso a las normas, esto conlleva a desastres”, aseguró Enrique Ortiz Guevara.
El especialista, lamentó que tras la reconstrucción que se ha realizado en las diferentes regiones de Oaxaca, no se tomaron en cuenta varios factores de riesgo. “Se levantaron viviendas sin tomar tener presente que va volver a temblar y es muy probable que cuando vuelva a ocurrir un sismos de grandes magnitudes volverá el desastre”.
Autoridades rebasadas
Ha pasado un año y seis meses desde que azotaron los sismos en el Istmo de Tehuantepec y a la fecha las autoridades estatales no han concluido en la actualización del Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca.
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de las Infraestructuras y Desarrollo Territorial Sustentable (Sinfra), continúan realizando trabajos de consulta y consejos de desarrollo, en tanto las comunidades afectadas siguen esperando ayuda y los nuevos lineamientos para poder asegurar sus patrimonios.
“En lo que refiere en materia de protección civil, tenemos que adecuarnos a lo que señala la norma federal, pero considero que en el tema del reglamento, que lo lleva a cabo Sinfra, se debe hacer algunas adecuaciones”, señaló el coordinador Estatal de Protección Civil (CEPCO), Heliodoro Díaz Escárraga.
“A raíz de los sismos de septiembre, el gobierno del estado inició un proceso amplio de consulta para ver la modificación de reglamentos de construcción que tienen que ver con los parámetros y análisis técnicos, entiendo que llevan tiempo hacerlos producto de los sismos y de las diversas condiciones de sismos que hay en el estado, no es lo mismo construir en la ciudad de Oaxaca que en el Istmo o en la Sierra Mazateca, cada región debe de tener análisis técnicos y propuestas para tener un nuevo reglamento de aplicación general que abarque todo el estado y sus diversas condiciones en que debe implementarse”.
“Hemos insistido que el reglamento debe actualizarse, urge aunque no es proceso fácil porque tienen que ver con análisis técnicos muy serios que nos reflejen los coeficiente sísmicos, entonces no son procesos fáciles y baratos para los ayuntamientos”, afirmó el coordinador estatal.
