La diputada Liz Arroyo ha asumido un papel destacado en la lucha por reconocer el derecho a defender, como un derecho humano autónomo y garantizar la protección de las personas defensoras de derechos humanos en Oaxaca, demostrado su compromiso con esta causa y sus iniciativas legislativas para abordarla.
Mi motivación proviene de la profunda creencia en la importancia de proteger y promover los derechos humanos. Las personas defensoras y activistas desempeñan un papel fundamental en nuestra sociedad, ya que son quienes luchan incansablemente por la justicia, la igualdad y la democracia. Pero lamentablemente, a menudo enfrentan amenazas, criminalización y violencia, poniendo en peligro sus vidas y su capacidad para ejercer su labor de manera efectiva. Esto también es aplicable a periodistas que ejercen su libertad de expresión”, expresó la diputada Liz Arroyo.
Según datos recopilados de 2012 a 2022, se identificaron 2184 beneficiarios del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, donde 1362 eran personas defensoras y 822 eran periodistas. Entre las personas defensoras, casi el 53% son mujeres, y Oaxaca lidera a nivel nacional en este aspecto, por encima de la Ciudad de México.
Para abordar esta problemática y dar cumplimiento a los mandatos legales, la diputada Liz Arroyo ha impulsado importantes iniciativas legislativas:
- Creación de un marco de protección específico para las mujeres defensoras de derechos humanos.
- Rango constitucional al Derecho a Defender Derechos Humanos para garantizar la protección de todas las personas defensoras.
- Suscripción de una iniciativa ciudadana que busca tipificar las ejecuciones extrajudiciales como crímenes de estado, con el objetivo de combatir la impunidad en casos de represión y violencia política.
Estas propuestas buscan visibilizar y avanzar en la justicia social, no solo en Oaxaca sino en todo el país. La diputada Liz Arroyo, a través de su trabajo legislativo y su compromiso con los derechos humanos, continúa liderando esfuerzos para garantizar un estado más justo y equitativo.
