Debido a que la Ley de Seguridad Interior violenta la competencia de organismos públicos autónomos, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Dicha normatividad “establecería una afectación a la función de los organismos autónomos en la esfera de competencia constitucional del organismo, además de vulnerar el derecho a la confidencialidad de las personas que interponen recursos ante éste”.
La institución expuso que autoridades del Poder Ejecutivo federal puedan ordenar la entrega de toda información generada, custodiada o resguarda por el organismo autónomo.
Ante ello, planteó que la ley de seguridad interior, en su artículo 31, obligaría al organismo defensor a proporcionar cualquier tipo de información que le requieran las autoridades y fuerzas armadas, incluso aquella información que la institución defensora recabe como parte de su investigación de alguna violación a derechos humanos cometida por esas mismas autoridades.
Esta disposición pondría en grave riesgo a las víctimas de violaciones a derechos humanos, al obligar a la Defensoría a proporcionar datos suficientes para identificar y localizar a dichas víctimas.
Además que al entregar a las autoridades la información en la que se señala a estas mismas como posibles responsables de violaciones a derechos humanos, también se pone en riesgo a familiares, personas que proporcionan información e incluso a colaboradores de la institución que investigan las quejas.
La Defensoría manifestó que la gravedad de esta acción radica en que constituye una afectación directa a un número indeterminado de personas víctimas de violaciones graves a derechos humanos, tales como tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias, cometidas en diversos casos por las autoridades relacionadas con la seguridad pública.
