Luego de la supresión de mil 344 plazas del gremio burócrata, la legisladora local por Movimiento Ciudadano (MC), Alejandra García Morlán afirmó que debió analizarse el tema a profundidad para no dañar los derechos de cientos de personas.
En entrevista, la representante popular reiteró que previo a la eliminación de cientos de plazas, debió existir una revisión exhaustiva y detallada de las plazas que eliminaron para no trastocar garantías laborales.
“Estoy a favor de la legalidad y ningún derecho puede ser violentado en nombre de la austeridad, si hay irregularidades en algunos casos pues que proceda la eliminación de esas plazas, pero si no las hay, el (Gobierno del) Estado debe rectificar”, afirmó.
Lamentó que más de mil 300 familias sean las perjudicadas, toda vez que debió revisarse a conciencia, “me parece lamentable la manera en que lo procesaron en lo oscurito y avalaron de madrugada”.
En opinión del analista político, Carlos Sorroza Polo si se quisiera entrar a fondo en la venta de plazas, se tendrían que revisar a fondo los espacios ofertados en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y en otros espacios.
“Pero claro que eso no sucederá porque entonces sí, el gobierno se echaría un movimiento social en la espalda”, subrayó.
A decir del politólogo, “lo que si puede ocurrir es que el gobierno del estado se vea muy cuestionado y entre en una fase de inestabilidad por sus propias fallas”.
Y si se suma ineficiencia administrativa, corrupción interna y muy pobres indicadores de desarrollo social, se crearían, rápidamente, las condiciones para que el gobierno sea mal evaluado por la población.
“También da pie a que diversos grupos de interés se unan y se movilicen para hacer demandas a un gobierno con poca capacidad de respuesta y no creo que se tenga capacidad de convocatoria para repetir otro 2006”, externó.
El golpe madrugador a la burocracia
La noche del miércoles con 37 votos a favor la LXVI Legislatura del Congreso local avaló el decreto por el que se suprimen con efecto inmediato mil 344 plazas administrativas pertenecientes al gobierno de Oaxaca, otorgadas el periodo 2016-2022.
El dictamen del decreto destaca que tan solo en el periodo de 2013 al 2022 se dio un incremento del 47.80% en la plantilla del personal de base, lo que significa que en menos de 10 años se otorgaron más de cuatro mil nombramientos de manera desproporcionada, irregular y sin los criterios generales de la política económica y la legislación financiera.
“Esta situación ha ocasionado un aumento en el pago de servicios personales superior a dos mil 24 millones 644 mil 976 de pesos, más los incrementos que vayan afectando a los sueldos y salarios en cada ejercicio fiscal comprometiendo severamente las finanzas públicas”, detalla.
