Integrantes de diferentes organizaciones sociales urgieron ayer al Gobierno del estado dar una solución al conflicto entre Tamazulápam del Espíritu Santo y San Pedro y San Pablo Ayutla, porque en esta segunda población ya se han desencadenado conflictos intercomunitarios.
Al señalar que las autoridades estatales han incurrido en violaciones a derechos humanos que han recrudecido el conflicto entre las dos comunidades, la Misión de observación a esta problemática afirmó que los habitantes de Ayutla no solo han sido víctimas de constantes enfermedades por la falta de agua, sino viven en constante tensión y zozobra.
Ambas comunidades se mantienen en conflicto agrario desde hace varios años, pero la problemática se agudizó en junio de 2017, cuando los habitantes de ambas zonas se enfrentaron y Tamazulápam destruyó el sistema de conexión del único manantial de Ayutla, con la amenaza de reavivar el conflicto si intentaban volver a conectarse.
Ante esta situación, integrantes de la Misión de Observación señalaron que esta problemática requiere de una atención integral, “la cual necesariamente pasa por atender diligentemente el conflicto agrario derivado del despojo de tierras y de la falta de delimitación de los límites entre ambas comunidades”.
Explicaron que organizaciones de la sociedad civil realizaron una Misión Civil durante los días 5, 6 y 7 de agosto de 2019 en la comunidad de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixes, en la que se realizaron entrevistas, reuniones de trabajo con autoridades municipales, estatales, donde se constataron una serie de hechos, acciones y omisiones que han causado la vulneración sistemática de los derechos humanos de personas habitantes del municipio de Ayutla.
“En las reuniones realizadas con las autoridades civiles y tradicionales de ambas comunidades, pudimos constatar que hay un manejo parcial de la información por parte de la Secretaría General de Gobierno y la Comisión Estatal del Agua, con acuerdos verbales que no cuentan con un debido respaldo documental, así como la dilación en los procesos de negociación y atención del conflicto, lo que no abona a garantizar el derecho al agua”, expusieron.
Por este motivo, vieron con preocupación que la Secretaría General de Gobierno no haya atendido a diversas solicitudes de reunión para conocer las acciones que ha llevado a cabo para resolver la problemática que enfrentan las comunidades.
“En cuanto al derecho al agua se documentó que la comunidad de Ayutla no cuenta con el servicio de agua a través de la red de distribución del municipio. Se pudo constatar que, a pesar de ser un derecho humano y una necesidad vital, actualmente no se encuentra plenamente garantizado”.
Afirmaron que esta situación ha generado graves afectaciones a los derechos a la salud y a la alimentación de comunidad, porque ante la falta del líquido, la comunidad ha optado por recolectar el agua pluvial.
Además, los pobladores, los comités de las diferentes instituciones de salud y educación, así las como las autoridades encargadas del suministro de agua, utilizan medios alternos para acarrearla.
“Estos métodos resultan insuficientes, por lo que las enfermedades han incrementado, en particular infecciones de vías urinarias, principalmente en niñas, niños, adolescentes y personas adultas”.
Aseguraron también que recibieron testimonios de víctimas de hechos delictivos a quienes, a más de dos años, y tras presentar denuncias, “no se ha garantizado el acceso a la justicia”.
