Ante la violencia y hostigamiento del que responsabilizan a la asociación Amigos del MACO, su ex patrón, las y los ex trabajadores del Museo Contemporáneo de Oaxaca pidieron a la Fiscalía General del Estado acelerar las investigaciones por las denuncias que interpusieron hace más de dos años. Además de pedir al gobierno estatal “esclarecer quiénes estuvieron coludidos con los Amigos del MACO para atropellar a los trabajadores” y el propio museo.
Falta que nuestras denuncias sean resueltas, que continúen las investigaciones, que la Junta local de conciliación y arbitraje de celeridad a nuestro proceso. No solo son los pagos económicos, hay una deuda moral de los Amigos del MACO y del Estado con las y los trabajadores”, externaron este miércoles a las afueras de la Casa de Cortés, inmueble del centro histórico de Oaxaca donde desde febrero de 1992 y hasta el 28 de junio operó el museo (con cierres por pandemia y por el conflicto laboral).
Tras un primer pronunciamiento por el que respaldaron la intervención del gobierno estatal en el museo con la rescisión del contrato de comodato, la representación de las y los 11 ex trabajadores que mantiene la demanda laboral contra Amigos del MACO dijo temer por su integridad.
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Y es que, como relataron, a lo largo de su lucha laboral y por mantener en operación el museo entre 2020 y hasta ahora han sido objeto de hostigamiento por parte de la asociación, diputados locales e incluso del personal de la Secretaría de las Culturas y Artes que en la pasada administración estatal dio órdenes para que se les negara el acceso al museo o a la bodega.
El hostigamiento y violencia se mantiene y en especial en contra de la ex directora, Cecilia Mingüer, explicaron, por lo que solicitarán medidas del programa de personas defensoras.
Por ahora, siguen en espera del fallo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a la demanda laboral que interpusieron en marzo de 2021, en la que exigen a Amigos del MACO el pago de los salarios y demás prestaciones vencidos, así como de aquellos caídos tras el desalojo que sufrieron el 10 de abril de ese mismo año. Se estima que el monto de adeudo es de 3 millones de pesos, según han explicado los denunciantes.
Sobre el actuar del estado para la recuperación del museo, las y los ex trabajadores consideraron esto como “un pequeño paso para alcanzar la justicia que tanto hemos buscado por todas las violencias sufridas”.
Asimismo, pidieron al gobierno estatal garantizar la continuidad del museo para que no recaiga en un modelo o gestión como el que lo llevó a su deriva en los últimos años.
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