Con el objetivo de garantizar la protección y conservación de la vida silvestre y el equilibrio ecológico, la LXVI Legislatura exhortó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que refuercen las acciones de inspección, vigilancia, prevención y, en su caso, sanción, respecto de la venta, comercialización y distribución ilegal de aves exóticas y especies en riesgo.
La medida, presentada por el Grupo Parlamentario Fuerza por Oaxaca, hace énfasis en efectuar estas acciones con principal atención en mercados y centros de abasto, donde esta práctica suele ser recurrente y se materializa la comercialización ilegal.
En su exposición de motivos, se subrayó que el tráfico ilegal de vida silvestre es una de las actividades ilícitas más lucrativas a nivel global. Señaló que este fenómeno genera impactos negativos en la biodiversidad, la economía y la seguridad ambiental, lo que exige una respuesta institucional firme y coordinada para asegurar la protección de la naturaleza y el derecho a un entorno saludable.
Se puntualizó que esta cadena de ilegalidad inicia con la extracción de especies de su hábitat natural, continúa con su traslado clandestino y culmina en su comercialización abierta. “Cada ave capturada ilegalmente no solo representa una infracción a la ley, sino una pérdida irreparable para nuestros ecosistemas”, indicó.
Bajo este marco, México ha suscrito compromisos internacionales como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), cuyo objetivo es garantizar que el comercio internacional no amenace la supervivencia de las especies.
Al respecto, se destacó que la importancia de este exhorto radica en el cumplimiento de la NOM-059-SEMARNAT-2010, norma técnica que identifica y clasifica a las especies de flora y fauna silvestres en riesgo en México. Al ser Oaxaca un estado con una vasta biodiversidad, la aplicación rigurosa de esta normativa es fundamental para proteger a las especies catalogadas como amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial, cuya extracción y venta ilegal representan un daño irreversible al patrimonio natural de la nación.
