Ante las irregularidades halladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la hacienda pública en el 2021 y entre esos, se señala a los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) en la gestión de Juan Carlos Márquez Heine, el grupo parlamentario de Morena exigió sanciones y en su caso, se consiga el resarcimiento del daño.
La Auditoría detectó irregularidades de Oaxaca en la Cuenta Pública 2021 por un monto de un mil169 millones de pesos, correspondiente al quinto año de la administración del entonces gobernador, Alejandro Murat Hinojosa.
Y por eso, la bancada de Morena hizo un llamado a las autoridades fiscalizadoras y en materia de procuración e impartición de justicia, para que en el ámbito de su respectiva competencia se sancione a los servidores públicos que hayan cometido irregularidades.
De ser procedente, se consiga el resarcimiento de los daños causados, demandó la diputada Liz Hernández Matus, como representante de los diputados morenistas.
La ASF determinó que el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa causó daños a la hacienda pública federal, y que involucra a los Servicios de Salud de Oaxaca, la Universidad Autónoma Benito Juárez, el Poder Judicial y diversos municipios”, señaló.
Abundó que además, se detalla el incumplimiento reiterado de la Ley de Coordinación Fiscal y la existencia de diversas anomalías en el manejo y ejecución de subsidios a cargo de organismos descentralizados de carácter estatal, detalló.
Oaxaca, en el Top 12 de irregularidades
Por estas anomalías, Oaxaca se ubica dentro de los 12 estados del país con mayores irregularidades en el manejo de los recursos federales, abundó la legisladora.
En Oaxaca no debe prevalecer aún más la impunidad ante los abusos cometidos al amparo del servicio público y de las instituciones”, declaró Liz Matus.
De las auditorías practicadas, la ASF informó que derivaron 48 pliegos de observaciones, 23 recomendaciones, cinco promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, tres solicitudes de aclaración y 39 promociones de responsabilidad administrativa sancionadora.
Para la legisladora, con eso se exhibió la ineficacia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, de los órganos internos de control municipal, y sobre todo, la inoperancia de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.
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