La denominada política pública de paz desarrollada por el gobierno estatal ha sido excluyente; para que sea real en Oaxaca, es necesaria la participación de la sociedad civil, afirmó Marcos Leyva Madrid, coordinador de la Organización para una Educación Alternativa (Educa).
En rueda de prensa, urgió al Estado Mexicano garantizar el acceso a la justicia, verdad y reparación integral con la participación efectiva de las víctimas y tomar como acción de primer orden la atención a la grave situación de violencia feminicida.
Acompañado de Yéssica Sánchez Maya, coordinadora de Consorcio para el Diálogo Parlamentario, solicitó al gobierno estatal la liberación de manera inmediata del defensor del bosque, Pablo López Alavés.
Junto a integrantes de la sociedad civil, criticó la denominada política pública de paz desarrollada por el gobierno al ser excluyente; “para que sea real en Oaxaca es necesaria la participación de la sociedad civil”.
Señaló que con el objetivo de reflexionar sobre los desafíos del contexto y generar acciones conjuntas, organizaciones de seis estados celebraron el encuentro “Construyendo en colectivo caminos hacia la paz con justicia”.
Dijo que el espacio permitió el intercambio de experiencias y estrategias para seguir pugnando por el respeto a los derechos humanos de todas las personas, por la atención y prevención de la violencia, así como por la justicia y condiciones para la construcción de paz.
Recordó que la paz no se construye solo con voluntad, sino requiere de justicia efectiva, reparación del daño y un ejercicio constante de recuperación y construcción de memoria histórica.
Incluso, dijo que la falta de mecanismos del Estado para atender la crisis migratoria, está generando deshumanización, así como graves violaciones a derechos humanos, tales como la violencia sexual y trata de mujeres, juventudes y niñez.
De igual forma, alertó sobre las múltiples violencias que se ejercen contra quienes defienden derechos humanos.
Y puso como ejemplo los 47 asesinatos de activistas perpetrados en Oaxaca entre 2018 y 2022, cifra que coloca al estado como el más peligroso para la defensa de los derechos humanos en el país.
Los participantes expusieron que la disputa por el control territorial entre grupos del crimen organizado en colusión con sectores del Estado y otros poderes fácticos exacerba la violencia, abona a conflictos comunitarios y es una de las causas del desplazamiento forzado interno.
Refrendaron su solidaridad y respaldo a víctimas de violencia feminicida, desaparición forzada, desplazamiento forzado interno; con las familias de víctimas de violencia feminicida y de personas defensoras asesinadas, así como con todas víctimas de violaciones a derechos humanos.
Exigieron al Estado Mexicano a actuar de manera contundente en contra de la corrupción, la impunidad, asumir con seriedad acciones en contra del funcionariado de los diferentes niveles de gobierno por encubrir intereses criminales de despojo institucional, político y económico.
Urgieron al gobierno del estado la liberación de manera inmediata al defensor del bosque Pablo López Alavés en cumplimiento a la opinión 23/2017 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU.
