Al desaparecer el programa de Jornaleros Agrícolas, menores que acompañan a sus padres y madres tienen que laborar y las personas se van sin el respaldo del gobierno estatal, que los pone en vulnerabilidad ante la delincuencia organizada.
Aunque este programa no era directamente de instancias estatales, sí coordinaban los trabajos con la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para la seguridad de las familias.
Las comunidades de Coatecas Altas, y algunas de Zimatlán son algunas de las principales expulsoras de personas que acuden tradicionalmente a campos de Nayarit, Sinaloa, Sonora, Guadalajara o Baja California a las cosechas durante seis meses.
“Había la seguridad de que los contratantes los trasladarán en un camión con seguro y que los niños estudiarán en los campos agrícolas con apoyo del Conafe y estaban recibiendo un apoyo económico para que lo aportaran a sus familias”, dijo la directora del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM), Aida Ruiz.
Al desaparecer el programa, la beca y el apoyo de 2 mil pesos aproximadamente para las familias para que se sostengan hasta recibir sus primeros sueldos, se extinguieron y también los niños y niñas deben apoyar a sus familias con trabajo remunerado.
“Lo crítico es que los niños están cosechando una serie de productos que han sido fumigados y eso les provocará enfermedades en un futuro”, señaló.
Ahora, las empresas están reclutando sin la supervisión de ninguna autoridad estatal y ponen en riesgo a los jornaleros de Oaxaca porque no se van con la garantía de seguridad porque pueden ser llevados por cualquier empresa ni contarán ya con los apoyos económicos que les daban desde los programas federales.
Asimismo, hubo reducción en el recurso del programa 3×1, informó la funcionaria al mencionar que los recortes afectarán a la comunidad migrante, pese a las grandes cantidades de dinero que han aportado al país.
Las autoridades municipales son las que serán afectadas porque no podrán echar a andar obras importantes con apoyo de los migrantes, indicó.
