Al ser uno de los proyectos estratégicos del Gobierno Federal, serán las instancias federales que revisen el amparo que frena la construcción de uno de los 10 parques industriales que se habían proyectado en la región del Istmo de Tehuantepec como parte de los polos de desarrollo del Corredor Interoceánico.
Representantes del gobierno estatal, informaron que de manera conjunta se revisará las demandas de la comunidad de Puente Madera de San Blas Atempa, para llevar a cabo mesas de diálogo que permitan el avance de una de las obras más importantes que se desarrollan en el país.
Por su parte, integrantes de la Asamblea de Pueblos del Istmo de Tehuantepec, informaron que después de más de 2 años 4 meses de caminar por justicia, tierra y libertad, se otorgó a la comunidad de Puente Madera, la suspensión de oficio y plano contra la declaratoria del Polo de Desarrollo para el Bienestar (parque industrial-Podebis) de San Blas Atempa.
Denunciaron que este proyecto pretendía destruir las tierras de uso común de los comuneros conocidas como el Pitayal. “Como comunidad indígena Binniza de Puente Madera hemos detenido 1 de los 10 podebis (parques industriales) del Corredor Interoceánico porque nuestra lucha es justa y digna, nada por la fuerza”, afirmaron.
Te puede interesar: Corredor transístmico, en la mira de bandas criminales
Expusieron que esto representa una victoria para todas las comunidades y personas que aman y defienden la tierra, bienes naturales y territorios del Istmo de Tehuantepec. “Este es el inicio de una serie de acciones que realizaremos para detener la destrucción y contaminación de nuestra tierra, agua, aire, cultura, formas, modos de vida y organización comunitaria, somos una comunidad Indígena orgullosamente campesina y trabajadora. Nuestra lucha es una solución viva frente a la Crisis Climática Global. Nuestra lucha es por la Vida”, destacaron.
Al mismo tiempo denunciaron que ante la lucha que han emprendido en defensa de sus tierras, se ha criminalizado la protesta social, ya que las autoridades fabricaron delitos en contra del vocero de la comunidad David Hernández Salazar, al igual que a otros 17 habitantes “de nuestra comunidad a quienes se les persigue con órdenes de aprehensión”.
Por ello, solicitaron a las autoridades no criminalizar la protesta social y evitar la militarización de la zona con el envío de militares y marinos que buscan reprimir a las comunidades.
