Tras el vencimiento del plazo para la presentación de la declaración patrimonial, de intereses y fiscal por parte de los funcionarios públicos del estado, el 2% de los sujetos obligados no cumplió por razones que van desde la salud hasta complicaciones administrativas.
Sobre el tema, el titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Ángel Díaz Navarro indicó que los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado han cumplido satisfactoriamente.
“En dónde vino el problema, pues con las personas que dejaron sus documentos en las oficinas y que por la epidemia y su prolongación se les paso el tiempo, o incluso con el banco al pedir sus estados financieros, en donde también el SAT amplió sus plazos para declaración fiscal”, externó.
Del 1 de mayo al 31 de julio del presente año fueron recibidas el 98% del total de declaraciones de modificación de situación Patrimonial y de Intereses, a través de la plataforma electrónica “E-Oaxaca Declara”, añadió.
El funcionario público anotó que se contactará la SCyTG a los funcionarios involucrados para que se pongan en regla y en caso de que incumplan, procede hasta la destitución de su cargo.
La declaración patrimonial y de intereses es un instrumento de ley que obliga a los servidores de la administración pública estatal a realizar un informe pormenorizado de su patrimonio, precisó.
Reiteró que en caso de detectarse casos injustificados de incremento o enriquecimiento, se tiene la facultad de iniciar el procedimiento respectivo para determinar daños al erario público y fincar la responsabilidad resarcitoria que proceda.
La información es pública y está disponible en la declaración que todos los funcionarios están obligados a presentar con base en los artículos 8 fracción XV, 36 y 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos
La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece en su artículo 33 que si no se presenta la declaración patrimonial en cualquiera de sus tres modalidades (inicio/modificación/conclusión), en los plazos correspondientes sin causa justificada, se iniciará inmediatamente la investigación por presunta responsabilidad por la comisión de las Faltas administrativas correspondientes y se requerirá por escrito al servidor público el cumplimiento de dicha obligación.
A efecto de facilitar el cumplimiento de la obligación de las servidoras y servidores públicos de presentar la declaración de modificación de situación patrimonial y de intereses del presente año, por la epidemia de Covid – 19 se ampliaron los plazos previstos por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el cual concluyó a finales de julio.
