Entre el 2010 y 2018 no mejoraron las condiciones de servicios básicos de vivienda, educación y alimentación de los oaxaqueños, así lo dictaminó el Sistema de Información de Derechos Sociales (SIDS) del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval).
En cambio, en la entidad si hubo mejora en los indicadores relacionados con los derechos sociales de salud y seguridad social y en el indicador de calidad y espacios de vivienda.
De acuerdo con los datos del Coneval, el porcentaje de la población oaxaqueña que tenía rezago educativo en 2010 era de 70 por ciento, mientras que para el 2018 era de 72.9 por ciento.
“La entidad de Oaxaca no cuenta con datos de 2015 y 2018 en los indicadores de PLANEA debido a que la cuota de escuelas evaluadas en la muestra fue menor al 80 por ciento de la planeada en 2015 y menor al 50 por ciento de la planeada en 2018”, recuerda el Coneval.
Llama la atención el caso de la alimentación, pues en el 2010 era mayor el porcentaje de persona que no padecían esta carencia, con 73.6 72.1 por ciento respectivamente.
Para el caso del derecho social a la alimentación no se ha encontrado la información adecuada para construir los indicadores para la dimensión Disponibilidad y, para la entidad, los valores de un indicador de accesibilidad no es suficientemente confiable en términos estadísticos.
En el derecho social de servicios básicos en la vivienda tampoco se mostraron cambios significativos en el porcentaje de personas con esta carencia. En el 2010 un total de 42 por ciento de los oaxaqueños carecía de una vivienda digna, mientras que en el 2018 el porcentaje era de 41.7 por ciento.
“En el derecho social a la vivienda, para la entidad, los valores de un indicador de disponibilidad no son suficientemente confiables en términos estadísticos”, indica el análisis del Coneval.
En el caso del derecho social a los servicios de salud, hubo un incremento considerable de las personas sin carencias, al pasar de 61.5 por ciento en el 2010 a 83.7 por ciento en el 2018, sin embargo, disminuyó el porcentaje de la población derechohabiente que recibió servicios preventivos de salud en instituciones públicas.
