El presidente municipal de Santa Lucía del Camino suma una vista y una solicitud de revocación de mandato ante el Congreso local, la última por el homicidio de Diego en un puesto de alcoholímetro, registrado en la demarcación que gobierna.
En el 2023, desde el Congreso local acordaron turnar para atención, el oficio número TEEO/SG/A/9164/2023, con el cual; el Actuario del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) notificó el Acuerdo recaído en el Expediente número JDCI/39/2022.
En ese entonces dieron vista para que, en el ámbito de las facultades se iniciara el procedimiento de revocación de mandato de los integrantes del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino.
El TEEO en un acuerdo del Pleno dio vista al Congreso del Estado para que le iniciara un proceso de revocación de mandato, pero fue como una “sugerencia” no una orden y dependía de los congresistas, se informó.
Esto derivó del incumplimiento del edil a una sentencia del Tribunal por no realizar el pago a exredigores del trienio pasado que reclamaron sus dieta a la autoridad municipal.
Sin embargo, a pesar de la intervención del órgano electoral local, el edil Juan Carlos García incumplió con el pago, por lo que, los afectados acudieron a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder de la Federación (TEPJF).
De eso derivó que el órgano federal, instruyó al TEEO emitir un acuerdo más concreto y fue cuando determinó dar vista al Congreso local, con la sugerencia de la revocación del mandato.
No obstante, en el Poder Legislativo, no pasó a mayores y tampoco analizaron el caso, se informó.
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Mientras tanto, el miércoles, estudiantes de la Universidad Anáhuac de Oaxaca (UAO) entregaron una petición formal de revocación del mandato contra el edil de esa autoridad por el caso de Diego y otras peticiones por el caso que conmocionó a la población.
La presidenta de la Comisión de Gobernación y Asuntos Agrarios de la LXV Legislatura, Lizbeth Concha Ojeda, informó que pidió a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que no sean solo exhortos en este caso.
Hemos pedido a la Jucopo que no sea solo exhorto que se revise el abuso de la autoridad, una violación grave a los derechos humanos que podría encausarse a una revocación del mandato y analizar desde dónde son responsables los funcionarios”, indicó.
La legisladora consideró que es un hecho preocupante que deberá revisarse y encauzar la solicitud que hicieron contra la autoridad.
Además, consideró necesario regular los protocolos en el operativo de alcoholímetros y revisar si los elementos están certificados para participar en estos, por los casos de corrupción que se enmarca y del abuso de autoridad.
Estos puestos de revisión deben estar regulados porque su función es salvar vidas, prevenir accidentes y respetar los derechos humanos.
Dijo que ante el Congreso se deben revisar todos los protocolos y la autoridad facultada para dar las órdenes.
