Debido que el desplazamiento forzado interno es recurrente en el estado de Oaxaca, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos que se conmemora este 10 de diciembre, el gobierno estatal anunció que enviará al congreso local una iniciativa para tipificar como delito este fenómeno.
Flor Estela Morales Hernández, coordinadora para la Atención de los Derechos Humanos del Ejecutivo (CADH), señaló que Oaxaca es uno de los estados con mayor número de casos en el país por desplazamiento interno forzado, en los que esta instancia que representa tiene documentados 21 casos, de los cuales el 98 por ciento ocurrieron en sexenios pasados y las principales causas fueron la violencia generada por conflictos agrarios, políticos y sociales.
“Otros desplazamientos han sido producto de determinaciones de asambleas comunitarias, la mayoría de las víctimas de este fenómeno son personas indígenas, quienes se han visto obligadas a abandonar o huir dejando atrás sus historias, hogares, su cultura y sus tierras”, afirmó.
De acuerdo con datos de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), entre los años 2010 a 2023, se iniciaron 156 expedientes de queja, así como de cuadernos de antecedentes por esta causa.
Por ello, Morales Hernández informó que ante la ausencia de un marco normativo local que reconozca este fenómeno, se inició un diálogo abierto con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para la construcción de una ley que tipifique el delito de desplazamiento forzado en el estado de Oaxaca.
De esta manera, el gobernador Salomón Jara Cruz realizó la firma de la Iniciativa de Ley para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno en Oaxaca, por lo que la entidad se convierte en la primera del país en proponer un marco normativo que reconoce la existencia de este fenómeno.
“En Oaxaca estamos trabajando para garantizar los derechos humanos de todas las personas”, afirmó al tiempo de reconocer el acompañamiento de las oficinas en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH), así como de la Organización Internacional para las Migraciones.
En su oportunidad, el representante adjunto en México del ACNUR, Giovanni Lepri, expresó que, en caso de aprobarse esta iniciativa, Oaxaca será la quinta en el país en contar con una ley específica de atención a este fenómeno. “El desplazamiento forzado es la suma de diferentes violaciones que requieren una atención integral y este marco jurídico reconoce los derechos y las acciones para restituirlos”.
Asimismo, el representante adjunto en México de la ONUDH, Jesús Peña Palacios reconoció el esfuerzo de coordinación para la construcción de esta iniciativa. “De ser aprobada representará un avance en la protección de los derechos humanos en Oaxaca, y un claro mensaje en favor de la justicia, la inclusión y la solidaridad de las personas desplazadas”, finalizó.
