Diputados integrantes de la Comisión Permanente de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, presentaron una propuesta de iniciativa de ley para prohibir la venta de bebidas azucaras y alimentos con contenido alto calórico a la población infantil.
En sesión ordinaria, este miércoles se realizó la primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto que presentó la diputada Magaly López Domínguez, por el que se adiciona el artículo 20 Bis de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca.
En ello se contempla prohibir la venta, distribución, donación, regalo y suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico a la población infantil, debido a que se considera que la presencia de estos elementos en la dieta infantil deviene en obesidad, sobrepeso, diabetes y otras enfermedades que merman considerablemente la calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes, e incluso pueden llegar a ocasionar la muerte.
En el apartado de argumentos, destaca que de acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública, el consumo de bebidas azucaradas y su relación con la mortalidad. En México 6 de cada 10 muertes se atribuyen al consumo de bebidas azucaradas en los adultos.
La diputada promovente argumenta que la legislación oaxaqueña no existe recurso legal alguno para la prevención de los daños que ocasiona a la salud infantil el consumo de estos productos, aunque sí proporciona al estado de los elementos para hacerlo, por lo que propuso que para cubrir ese vacío legal se adicione al artículo 20 Bis de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, que se integraría al capítulo intitulado “Derecho a la Alimentación”, así también pide que en los transitorios se establezcan la obligación de la Secretaría de Salud de crear una Norma Oficial Estatal en un periodo de 60 días naturales.
Rechaza IP iniciativa
En ese sentido, integrantes del sector empresarial conformada por diversos organismos como Coparmex, Canacintra, Canirac, CANAINPA, ANTAD, Canaco, CONMEXICO, entre otros, mostraron su rechazo a esta iniciativa.
En un comunicado, señalaron que como organismos les preocupa que en el Congreso del Estado se procesen temas de impacto directo para distintos sectores económicos, mismos que son contrarios al objetivo de mantener los empleos y generar acciones en favor de la recuperación económica.
En el documento, firmado por Andrés R. González Silva, dirigente de Coparmex Oaxaca, señaló que les preocupa el hecho que sin una argumentación sólida y desatendiendo las peticiones de audiencia del sector privado, se pretenda prohibir la venta de una serie de alimentos y bebidas a menores de edad.
“En términos generales, dicho proyecto legislativo surge de un objetivo loable, que es el contrarrestar los efectos negativos del sobrepeso y la obesidad en la población mexicana. No obstante, hemos encontrado que existen algunas disposiciones que se contraponen a la normatividad vigente en materia de educación y salud, situación que podría eventualmente originar un efecto contrario al esperado mediante la creación de una controversia jurídica al legislar sobre facultades exclusivas de la Federación establecidas en la Constitución”.
Refiere que la prohibición tendría un impacto directo en la economía regional, en particular a los pequeños y medianos productores de productos tradicionales como el cacao y chocolate, productos íconos de Oaxaca que actualmente se encuentran en riesgo por la baja producción de la semilla y la carga fiscal que se le ha impuesto en tiempos recientes, mermando así los ingresos de las familias cacaoteras y chocolateras.
El documento señala que en estos momentos el país y en particular el Estado de Oaxaca, se encuentra en una crisis económica profunda, la cual afectará principalmente a los pequeños comercios. Tan sólo a nivel nacional, se estima que derivado de esta situación ya han cerrado más de 70 mil tiendas de abarrotes.
“En virtud de lo anterior, hacemos un exhorto al Congreso del Estado a no castigar a los comerciantes locales y posponer la votación de la reforma propuesta, en tanto no se realiza un análisis integral de la misma y se promueve un diálogo con los distintos sectores económicos y sociales del Estado de Oaxaca que se verían gravemente afectados”, señalaron los organismos firmantes.
