En el seguimiento a las acciones que realizan de denuncias ante la violencia por razón de género, integrantes del Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer) han detectado mensajes que invitan a las víctimas a regresar con sus agresores.
La asociación explicó que en estos mensajes se pide a las mujeres que les den otra oportunidad a las parejas violentas y regresen al hogar en los casos donde decidieron alejarse, manipulándolas con expresiones como “piensen en sus hijos”.
Al señalar que esta situación representa una acción que las coloca en mayor riesgo de violencia, la presidenta del GESMujer, Angélica Ayala Ortiz, denunció que en reiteradas ocasiones las organizaciones feministas han denunciado las barreras que enfrentan las mujeres cuando denuncian violencias.
Recordó que el caso de Fanny, la adolescente de 16 años, madre de una bebé de seis meses e indígena mixe víctima de feminicidio en San Juan Cotzocón, que evidencia la suma de negligencias, omisiones y vulnerabilidades.
“Fanny, a sus 16 años, tuvo el valor de denunciar ante las instancias de justicia, por lo cual se abrió la carpeta de investigación 23472/FIST/CODDI/Matías/202 y confío en que sería protegida. Fanny, como infinidad de mujeres, enfrentó la falta de atención a pesar de la gravedad de su denuncia; señaló amenazas de muerte por parte del agente municipal de El Porvenir, Isaac H. G., pero las autoridades no actuaron para proteger su vida”, expuso.
Ayala Ortiz consideró que el caso de Fanny ejemplifica la negligencia de quien recibió la denuncia, de quien supervisa los casos de riesgo de violencia feminicida y de quien tenía a su cargo la ejecución de las medidas cautelares, lo que finalmente tuvo como resultado un feminicidio.
Destacó que la joven había sido llamada por la autoridad municipal a petición de su pareja Alexis N., para que hablaran con ella y se “portara bien”, pero lo que recibió fueron amenazas y golpes.
“¿Cuántas mujeres indígenas han sido víctimas de la violencia institucional?, ¿cuántas de ellas lo único que reciben por parte de las autoridades estatales, municipales o locales fue la confirmación de que su deber es obedecer y callar ante la violencia?”, lamentó la presidenta de la asociación civil.
