En ningún momento, Andrés Manuel López Obrador ha pretendido que se frene el procedimiento de juicio político contra el exgobernador Gabino Cué Monteagudo en el Congreso del Estado, donde se prevé que en los próximos días la comisión instructora sume los votos necesarios para el cierre de instrucción que dé paso a la elaboración del dictamen que se someterá a votación en la LXIII Legislatura.
La presidenta de la comisión instructora, María de Jesús Melgar, descartó que como candidato o ahora como presidente electo, López Obrador o la dirigencia nacional hayan pretendido intervenir en la labor de los legisladores oaxaqueños.
“Si él no quisiera, crees que no hubiera dado instrucciones para decir ‘el juicio político no pasa’, saben en Morena cómo está este procedimiento, y yo nunca he recibido una llamada que diga ‘busca la manera que se dilate el tema’, que no proceda, lo contrario, él ha dicho que todo lo que se tenga que hacer para que la ciudadanía tenga la certeza de que vamos a trabajar bien se tiene que hacer, caiga quien tenga que caer, esas son las palabras de él”, señaló la diputada.
La legisladora subrayó que desde el inicio de la actual legislatura, a través del coordinador político de la fracción de Morena, Irineo Molina, se comunicó a la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, la determinación de promover el juicio político.
“Todo parece indicar que en esta legislatura vamos a terminar el juicio, y si no ustedes sabrán quiénes sí (votaron a favor) y quienes no”, expresó.
Votos faltantes
Los votos para que proceda el juicio político contra Cué pertenecen a los cuatro integrantes de la comisión Instructora, Tomás Basaldú, del PRD, Juan Bautista Olivera, del PT, Juan Mendoza, del PAN, y María Mercedes Rojas Saldaña, del PRI. El único voto garantizado a favor es el de Melgar Vásquez.
Respecto a la labor de los diputados, Geovany Vásquez Sagrero, secretario técnico de la comisión instructora, señaló que ha habido retrasos tanto procesales y políticos.
“No ha sido un rotundo no de los integrantes de la comisión, si no no hubiera avanzado en nada, son valoraciones políticas por el tema de que se trata, no es que obstaculicen ni que lo impidan, nos encontramos un procedimiento sui generis en el sentido de que el gobernador ya no estaba acá y la ley no contemplaba qué hacer para notificarlo, precisamente eso dio pie a que la comisión presentara una iniciativa de juicio político que fue aprobada y establece parámetros para este procedimiento. El retraso de los diputados es un tema de práctica parlamentaria natural”.
El juicio político aún puede recorrer varias vías en el Congreso. De conseguirse tres votos a favor, iniciaría la etapa de alegatos en la que la defensa de Cué podría argumentar contra el proceso; una vez concluida esta etapa se elaboraría el dictamen. De votar en contra del procedimiento, explica Vásquez Sagrero, los diputados deberán explicar su decisión.
“No puede haber una oposición bajo una falacia de petición de principio en la que digan no porque no, tienen que decir por qué, deben emitir un voto particular, pero no se puede dejar un expediente abierto, sin cerrar la instrucción, es un paso que no trasciende al fallo, donde puede haber discrepancia es en la consideración final”.
De mantenerse abierto el procedimiento, en la próxima legislatura local, con una mayoría calificada de Morena, podría retomarse el caso. Si el proceso se cierra en sentido negativo, se impediría que un nuevo juicio se interpusiera con las mimas pruebas que ya fueron presentadas. Si el juicio queda inmóvil por 180 días prescribiría por inactividad procesal.
