El próximo mes de octubre, el conflicto entre las comunidades de Santa María del Mar y San Mateo del Mar cumplirá diez años en los que tres gobiernos estatales y dos federales han sido incapaces de encontrar una solución, por lo que ahora piden el apoyo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador generar las condiciones de diálogo para restablecer la paz en la región Ikoot.
Autoridades recientemente electas en Santa María del Mar denunciaron que desde abril pasado, cuando el gobierno estatal realizó mesas de trabajo de alto nivel con ambas comunidades, la construcción de acuerdos está detenida en el ámbito estatal.
“Por separado el gobierno de Murat nos sentó a los representantes de ambas comunidades, estaba la presidenta de Juchitán, eso fue en marzo, posteriormente nos íbamos a reunir a finales de abril para un acuerdo, el segundo encuentro con San Mateo ahí quedó todo, se cerró el diálogo, vinieron las elecciones”, señaló Eustacio Reyes Martínez, uno de los ciudadanos afectados en Santa María.
Aunque las acusaciones por agresiones son mutuas entre San Mateo y Santa María, los representantes de esta comunidad señalaron que existe una sentencia del Tribunal Unitario Agrario sobre una extensión de mil 361 hectáreas que desde 2009 se encontraban en disputa. Dicha sentencia en favor de San Mateo fue ejecutada el pasado 19 de junio.
A partir de este conflicto por tierras, el único acceso carretero a la comunidad de Santa María se mantiene bloqueado desde hace 10 años y desde hace cuatro años carecen de servicio de energía eléctrica. La única ruta para salir de la comunidad es la marítima, no obstante ésta se complica a causa de los fuertes vientos presentes en esta zona. El 7 de enero de 2017 en el traslado hacia San Dionisio del Mar volcó una lancha en la que viajaban 11 personas, tres de las cuelas fallecieron.
Ante la “insensibilidad e incapacidad del gobierno federal y local” los pobladores pidieron la atención de López Obrador “para que atienda y dé solución a esta serie de violaciones a los derechos humanos tanto individuales como colectivos, donde más de mil 500 pobladores hemos vivido secuestrados”.
Los pobladores acusaron también que a pesar de que han solicitado el apoyo tanto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Defensoría del Pueblo de Oaxaca, estos organismos autónomos poco han hecho para atender el conflicto.
“Del nuevo gobierno esperamos que haya atención real, nosotros hemos propuesto varias ideas, una, la apertura de un nuevo camino, que salga de Álvaro Obregón, son alrededor de 20 o 25 kilómetros, solo qué hay un obstáculo, nos encontramos con la laguna Inferior, de un kilómetro y necesitaríamos un puente.
“En 2017 nos hicieron una cuantificación y nos dijeron que sale en 55 millones de pesos, 60, el presupuesto lo elaboró CAO, y el camino costaría otro tanto, serían 120 millones de pesos, por lo cual no se justifica, dicen, por el número de habitantes, que son muy pocos, esa es la perspectiva del gobierno estatal”, expresó Efraín Solano, asesor legal de Santa María.
