Para Organizaciones de la Sociedad Civil en el estado de Oaxaca sigue sin generarse ningún tipo de información hacia la ciudadanía o proceso de consulta para obtener el consentimiento de las comunidades, y la aplicación de la Ley Minera es opaca.
Los Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) y el Observatorio de Derechos Territoriales indicaron que a lo largo de los años no se advierte desarrollo para las comunidades indígenas, al contrario, viven en carne propia la injusta distribución de la riqueza, aunada a los graves impactos sociales y ambientales que conllevan este tipo de proyectos, señalan.
Recuerdan que hasta 2020, se habían entregaron 294 concesiones mineras, según la Secretaría de Economía, de las cuales se desglosan 45 proyectos mineros: 36 en etapa de exploración, 2 en etapa de desarrollo (Trinidad Norte y Monte Albán I), 3 en etapa de explotación comercial (San José, Alta Gracia y El Águila) y 4 en etapa de postergación (Yolanda, Cobre Grande, Santa María Ecatepec, El Tejón), según información proporcionada por el Servicio Geológico Mexicano.
Aunado a que la región con mayor afectación por concesiones y la operación de proyectos mineros es la región de Valles Centrales, en la cual se han documentado serias violaciones a los derechos humanos, entrega de autorizaciones ambientales por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Alertan sobre una serie de peligrosos desacatos por parte de las empresas mineras, tal es el caso de San Pedro Quiatoni, que denunció en febrero de 2023 el desacato de la empresa Don David Gold ante una orden judicial que ordenaba una suspensión de plano.
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También detallan sobre el proyecto Natividad en Capulálpam de Méndez, el cual opera de forma clandestina e irregular sin una evaluación de impacto ambiental según información de la comunidad.
En este contexto, el marco legal que regula la actividad minera fue reformado, después de una aprobación fast track en el Congreso de la Unión, dicha reforma incorpora algunas de las principales propuestas promovidas por colectivos y organizaciones en el país, dicen las ONG.
Indicaron que amparadas en un marco jurídico laxo y favorable hacia las empresas mineras, éstas han cometido una serie de desacatos al mismo, principalmente las empresas que se encuentran en operación en Oaxaca.
Añade que, durante el proceso generado para reformar la Ley Minera, la empresa Vortex Metals anunció que recibió la aprobación de Santiago Astata y Santo Domingo Tehuantepec para realizar estudios ecológicos a fin de desarrollar dos proyectos denominados Riqueza Marina-Zaachila, con una superficie de 19 mil 104 hectáreas en el Istmo de Tehuantepec, el mineral a explotar según información de la empresa es cobre de alta ley, sin consulta previa.
