Integrantes del Frente por los Derechos Sexuales y Reproductivos denunciaron un desabasto de medicamentos para la interrupción del embarazo en las diferentes unidades médicas donde se realiza este procedimiento, agudizándose a partir de este año.
Mayra Morales, integrante de esta organización, señaló que este desabasto pone en riesgo la salud y la vida de quienes han decidido interrumpir su embarazo y deben buscar otras alternativas poco seguras.
Expuso que en lo que va de este año, el Frente ha tenido un incremento de hasta el 40% de mujeres que les han solicitado acompañamiento para ser canalizadas a otras instancias para un aborto seguro, debido a que en los centros de salud donde han acudido les señalan faltante de medicamentos.
Ante ello, consideró importante que las autoridades garanticen un recurso etiquetado para garantizar la interrupción del embarazo, porque no se puede regresar a los tiempos donde las mujeres ponían en riesgo su salud y su vida.
Lo anterior lo aseguró luego de que integrantes del Frente señalaran los principales retos que enfrenta Oaxaca para acceder al aborto, luego de convertirse en 2019 en la segunda entidad en despenalizarlo.
Por separado, personal médico de diversos centros de salud como el de la colonia Volcanes, aseguraron que apenas esta semana recibieron medicamentos para la interrupción del embarazo, luego de varios meses de un desabasto, sobre todo de mifepristona.
Actualmente, 11 estados han despenalizado parcialmente el aborto; sin embargo, una constante ha sido que las mujeres y personas con capacidad de gestar se encuentran con diversas barreras cuando solicitan un aborto en los servicios públicos”, señalaron las integrantes del Frente.
De acuerdo con datos públicos de la Secretaría de Salud, expusieron, en la Ciudad de México 260 mil 836 mujeres han accedido a un aborto seguro de abril 2007, cuando se despenalizó, al 31 marzo de este año.
En el resto de los estados despenalizados, de acuerdo con datos obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información, el número de personas que han accedido a un aborto, desde la fecha de despenalización hasta el 31 de enero de 2023, es el siguiente: Oaxaca: 543; Hidalgo: 1,198; Veracruz: 369; Baja California: 362; Colima: 281; Sinaloa: 384; Guerrero: 1,426; Baja California Sur: 140; Coahuila: 927; Quintana Roo: 7”.
En estas entidades, las barreras para acceder al aborto se relacionan con la prestación del servicio, la información disponible, la escasez de medicamentos y la falta de presupuesto para ejecutar los programas.
Señalaron que en Oaxaca ante la falta de un presupuesto suficiente, se presenta un desabasto de medicamentos (misoprostol y mifepristona), necesarios para acceder a un procedimiento de aborto no invasivo y con los estándares internacionales recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
Consideraron también que el ejercicio del derecho al aborto legal, voluntario y seguro no solo se centre en los Valles Centrales, sino también en las diferentes regiones del Estado.
Así también, señalaron que es necesario un trabajo al interior de las instituciones de salud, para que el personal que brinda atención médica e información, lo haga dejando de lado prejuicios y tabúes, puntualizando que la objeción de conciencia es un derecho personal, más no institucional.
