El Gobierno federal declaró anoche la alerta de género en Oaxaca, ante la constante violencia contra las mujeres y la omisión de las autoridades para fortalecer acciones que frenen este problema social.
Con más de 80 asesinatos de mujeres en lo que va del año y cientos de casos de violencia familiar, entre otros por razón de género, la alerta aplica para todo el estado de Oaxaca y no sólo en algunos municipios como en otras entidades del país.
Aunque tuvo la oportunidad de evitarla, el Gobierno del Estado no dio respuesta satisfactoria a nueve de 11 propuestas que dio el Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de esta alerta de violencia de género, que pidió desde el año pasado la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
Los estados que evitaron la alerta en su momento por dar las respuestas esperadas, fueron Baja California, Querétaro, Tlaxcala, Guanajuato, Puebla, Sonora, Tabasco y Yucatán.
Anoche, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) marcó en su mapa de registro la alerta de género en Oaxaca, que ya se esperaba en esta semana por el dictamen que dio el Grupo de Trabajo y los resultados poco favorables.
El Gobierno estatal no creó un Banco estatal de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres, ni generó presupuestos con perspectiva de género o una estrategia para la atención específica del fenómeno de violencia que sufren mujeres y niñas indígenas en Oaxaca, así como la capacitación de la NOM-046.
Tampoco se cumplió con los mecanismos para la supervisión y sanción a servidores y servidoras públicas, debido al incumplimiento de las normas para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, ni con un programa de capacitación ni la revisión del programa estatal PASE.
No se trabajó en el marco de los criterios cualitativos señalados en un primer informe, relativos a la “interseccionalidad, enfoque intercultural, transparencia y rendición de cuentas, así como la falta de inclusión plural de las organizaciones sociales, dedicadas a evidenciar y atender la violencia contra las mujeres”.
No se modificaron las prácticas estatales que impiden al Estado cumplir adecuadamente sus obligaciones de respeto, promoción, protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres, ni se dio la transversalización de la perspectiva de género en instancias de impartición de justicia.
