A casi 8 años de estar desplazadas de su comunidad de origen, más de 120 familias de la agencia de Guadalupe Victoria perteneciente a San Juan Juquila, Mixes, siguen sin regresar a sus propiedades.
De acuerdo con la Secretaría de Gobierno (Sego), el pasado fin de semana avanzó el operativo para la instalación de puestos de seguridad de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional, como lo solicitó una parte de la población para el retorno.
El 6 de enero de 2017, producto de una agresión entre San Juan Juquila Mixe con sus vecinos de San Pedro Ocotepec, quedaron en el limbo niñas, niños y adolescentes, así como personas adultas mayores.
Este conflicto data del 22 de septiembre de 1975, cuando la entonces Secretaría de la Reforma Agraria, (SRA), se presentó a cumplir una Resolución Presidencial, para la dotación de 47 mil 977 hectáreas de tierras comunales a San Juan.
En 2017, San Pedro quiso dividir a la comunidad y quedaron en confrontación las familias; por un lado, hubo quienes se adhirieron a este municipio y otros que se quedaron con Juquila.
Fue en esa confrontación cuando perdió la vida el adolescente, José Antonio P., de 14 años, lo que obligó a los habitantes de Guadalupe Victoria a salir de su pueblo para refugiarse en San Juan.
El secretario de gobierno, Jesús Romero López, señaló la falta de voluntad política de los actores para solucionar el conflicto que data de varios años y es una herencia de, entre ellas, la administración del exgobernador Alejandro Murat Hinojosa.
Cabe mencionar que un conflicto entre San Juan Juquila y San Pedro Ocotepec, de la zona Mixe, provocó esta situación que dejó en el desamparo a 480 personas, reportaron en el inicio.
Este grupo sigue refugiado en San Juan Juquila, en donde se fueron después de los hechos violentos, cuando Ocotepec convenció a otro grupo quedarse con ellos para ganar el territorio y sacar a quienes estaban del lado de la cabecera municipal.
A más de 8 años, la autoridad estatal no ha respondido ni ha resuelto este tema, por lo que, han alzado la voz para pedir un retorno seguro.
De acuerdo con las personas manifestantes, hay órdenes de un juez para que se reinstalen de manera inmediata a las familias como un derecho que tienen para tener una vida digna
