La violencia contra las mujeres en el ejercicio público se ha incrementado de manera significativa en Oaxaca en sus diferentes manifestaciones, sin que a la fecha se haya abordado de manera integral.
Así lo dejó en claro la titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Elizabeth Lara Rodríguez, durante la presentación del informe especial: Violencia contra las Mujeres en el ejercicio público, donde se evidencian agresiones psicológicas, físicas, económicas, patrimoniales, sexuales, laborales, verbales y digitales.
Al hacer un llamado a que estas conductas y omisiones no sean normalizadas porque constituyen claramente violaciones a los derechos humanos, la defensora expuso que este tipo de violencia en contra de las mujeres persiste tanto en los municipios que eligen a sus autoridades a través de sistemas normativos indígenas, como por partidos políticos, porque su participación rompe estereotipos de géneros arraigados por muchas décadas.
Para consolidar la defensa de los derechos de las mujeres, es fundamental avanzar del principio de paridad a la materialización del respeto pleno de sus derechos con equidad, igualdad e inclusión”, destacó.
La Defensora añadió que por medio de este informe se visibiliza las diversas formas de violencia ejercida en contra de las mujeres en este periodo, “y que hasta el día de hoy es un tema que se ha acentuado significativamente en el Estado de Oaxaca”.
En el informe los resultados obtenidos evidencian graves violaciones a derechos humanos, a la vida, a la integridad, a la seguridad y a una vida libre de violencia en razón de género contra las mujeres, tanto en aquellas que participan en procesos para ocupar cargos de representación popular, como en quienes ejercen la función pública.
Tal es el caso de las mujeres indígenas que enfrentan una múltiple discriminación debido a su género, identidad cultural, marginación socioeconómica, falta de acceso a la educación formal y otras condiciones de vulnerabilidad”.
Ante ello consideró fundamental que las instituciones del Estado promuevan políticas públicas como las que se proponen en este informe, “con el fin de erradicar para siempre el flagelo de la violencia psicológica, acoso y hostigamiento sexual, y la discriminación contra las mujeres, adoptando compromisos para no tolerar ni ser parte de este tipo de prácticas arraigadas en nuestra cultura”.
Solicitó a las instancias de procuración y administración de justicia intervenir y agilizar procesos donde las mujeres reclamen justicia por agravios cometidos en su contra al decidir ejercer su derecho a participar en la vida política de su localidad, municipio y Estado, así como al Congreso del Estado a que coadyuve en la protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia política en razón de género.
Nuestra conciencia nos reclama a no dejar de escuchar la voz de las mujeres que exigen justicia, equidad, igualdad de condiciones y respeto a sus derechos humanos”, enfatizó.
