Representantes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) retornaron ayer a las instalaciones del campo de Golf Tangolunda en compañía de efectivos de la Guardia Nacional con la finalidad de revisar el lugar. De acuerdo con versión la Guardia Nacional accedió bajo instrucciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), de Luisa María Alcalde.
La medida fue recibida con rechazo por parte de empresarios y trabajadores locales, quienes argumentan que afectaría la actividad productiva del puerto.
La controversia se intensifica debido a que el Campo de Golf “Tangolunda” cuenta con una concesión vigente para operar hasta el año 2027, lo que plantea interrogantes sobre la justificación de esta acción por parte de las autoridades.
En un mensaje en redes sociales, quien detentaba la concesión, Ricardo Salinas Pliego afirmó: “Mexicanos, grábenselo bien: para los criminales abrazos, y para los trabajadores madrazos y balazos”, evidenciando su postura ante lo que considera un uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades.
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Empresarios de este centro estiman que Conafor y Guardia Nacional acudieron a verificar el deterioro que presentan las instalaciones después de que los pozos de agua con los que le daban mantenimiento, tanto al pasto, como a los lagos artificiales fueron clausurados con sellos y candados.
Al cierre de la edición las dependencias involucradas, los gobiernos, municipal, estatal y federal, no han realizado declaración alguna.
Empresarios y desarrolladores recordaron que con la concesión en manos Ricardo Salinas Pliego, el Campo de Golf era regado con agua tratada; operada desde plantas administradas por el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), conexiones hidráulicas que aún se mantienen: “se regó para evitar un poco del deterioro del que está presentando las instalaciones”, sobre todo por la intensidad del sol, después de haber sido sellado los pozos”.
Por otro lado, las plantas de tratamiento del Fonatur, ahora son operadas por la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (CEABIEN), institución de gobierno estatal que pudo poner en marcha la tubería hídrica para darle mantenimiento a las instalaciones del Campo de Golf y sea una de las causas de la incursión de personal de la Profepa y de la Guardia Natural.
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El Campo de Golf comprende al menos 80 hectáreas y otras 30 de predio que colinda desde el mismo campo hacia la carretera federal 200.
Fonatur, después de la clausura con sellos federales, instaló a guardias de seguridad en la entrada; mientras tanto, los 50 empleados de la empresa de Salinas Priego, entre ellos de vigilancia, se replegaron a la calle, en la entrada del lugar, al que se presentan todos los días.
Aunque empresarios hoteleros, restauranteros se han mantenido ajenos a la problemática y disputa que existe entre Ricardo Salinas Priego y el gobierno federal, no están de acuerdo en que la zona se convierta en Área Natural Protegida lo cual ya está respaldado por un decreto publicado por el Ejecutivo.
Hace unos años, los huatulqueños se manifestaron contra Salinas Priego por el uso de agua de pozos para el riego del lugar. El que “lo tenga concesionado una u otra persona, el Campo de Golf es útil para el destino y es parte del desarrollo en el centro vacacional, además, no queremos que el personal que labora en él se quede sin empleo”, indicaron empresarios.
