Con la reforma indígena nos despojamos de ser considerados menores de edad, dejamos de ser tutelados”, destacó la coordinadora del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas (CNPI), Yaneth Cruz Gómez.
A través de misiva, reiteró que “ganan una lucha en la que reivindicamos nuestra existencia en nuestro Estado mexicano, en el que se han reconocido nuestros derechos inalienables”.
De paso, lanzó un llamado a la Cámara de Senadores para que estén a la altura de la demanda histórica y voten por el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos que por años les han sido negados.
La víspera, la Cámara de Diputados aprobó con 492 votos en lo general, la reforma al artículo 2o de la Constitución para reconocer a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Y conforme a lo aprobado, al ser reconocidos como sujetos de derecho público podrán acceder a recursos de programas.
Además ahora para acceder a la justicia, tendrán derecho a ser asistidas y asesoradas por personas intérpretes, traductoras, defensoras y peritas especializadas en derechos indígenas; se deberá promover la educación en su lengua, difundir y fomentar su cultura, así como el desarrollo de la medicina tradicional.
También se reconoce su capacidad para tomar sus propias decisiones de manera colectiva sobre su destino, administrar los recursos públicos, ejecutar sus obras comunitarias y participar en la vida pública como entes colectivos.
Aunado a que se deberá respetarse su forma de gobierno y sistemas normativos y se eleva a rango constitucional el derecho a ser consultados sobre las medidas legislativas o administrativas que se pretendan adoptar cuando estas puedan causar afectaciones o impactos significativos en la vida y en el entorno de los pueblos, así como la capacidad de interponer medios de impugnación por violación a este derecho.
Resaltó el CNPI que el corazón de la reforma es el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Con la nueva disposición, se reconoce la capacidad que tienen nuestros pueblos para hacerse cargo de su vida y destino, así como de participar en la vida pública como entes colectivos, con pleno respeto a su cultura e identidad, sus formas de organización y de gobierno, así como sus sistemas normativos.
La reforma en materia indígena también contempla el fortalecimiento de los ámbitos y mecanismos para el ejercicio de la libre determinación y autonomía; en particular, para consolidar sus formas de gobierno y organización, así como para aplicar y desarrollar sus sistemas normativos y la jurisdicción indígena.
Destaca la garantía de conservar y mejorar el hábitat, preservar la bioculturalidad y la integridad de las tierras, incluidos de manera especial los lugares sagrados de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicano, ahora se confiere sustento constitucional a su derecho al desarrollo y a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, tal como estipula el derecho internacional.
