Derivado de las reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Acuerdo por el que el que se conformaron los comités del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, a partir del 2020 todos los servidores públicos del Gobierno de Oaxaca, bajo cualquier modalidad de contratación, están obligados a presentar la declaración patrimonial y de intereses.
Los lineamientos y el cumplimiento de esta norma, es vigilada por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG), por lo que también es la instancia que sanciona a quienes incumplen con esta obligación.
De acuerdo con los datos de la dependencia, hasta diciembre del 2021, de un total de 133 mil 900 servidores públicos del gobierno estatal que deben realizar el trámite, solamente habían cumplido 53 mil 338, lo que significó el 39.83% de avance.
Por ello, para promover esta obligatoriedad de la nueva dinámica de Declaración Patrimonial y de Intereses, personal de la institución ha llevado a cabo talleres en las dependencias y entidades del Gobierno del Estado, ya que la mayoría de los servidores públicos señalan desconocer los procesos o las sanciones en que pueden ser objeto.
Las autoridades estatales informaron que las y los trabajadores del gobierno estatal, pueden hacer uso del Sistema “E-Oaxaca Declara”, de esta manera estarán cumpliendo con una obligación legal y con ello sumándonos a la cultura de rendición de cuentas y transparencia en la gestión pública.
Además, derivado de la emergencia sanitaria por Covid-19, desde el primer semestre del 2020 se han ofrecido asesorías y acompañamientos a las personas servidoras públicas, en línea y vía telefónica.
A cinco meses de concluir la actual administración estatal, las y los próximos servidores públicos, desde jefes o jefas de áreas, titulares o encargados de despacho de las diferentes dependencias gubernamentales deberán de cumplir con esta obligación.
De no hacerlo en tiempo y forma, pueden ser amonestados, en caso de no acatar las recomendaciones la siguiente sanción es una multa y de no acatar la norma, pueden ser inhabilitados de la función pública.
