Familiares de Claudia Uruchurtu Cruz urgieron al Poder Judicial de Oaxaca dictar una sentencia justa, pues no hacerlo “es darle la razón a la corrupción, a la sinrazón y es darle la espalda al pueblo”.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, calificaron de terrible la acción cometida por quienes ejercen una función pública o por quienes actúan con la permisibilidad o tolerancia de autoridades públicas.
A través de una misiva expusieron: “no podemos olvidar que nuestra hermana Claudia fue desaparecida forzadamente desde el 26 de marzo del año 2021, por personas servidoras públicas del municipio de Asunción Nochixtlán”.
Reiteraron que la injusticia la han vivido de manera muy cercana y “es un reflejo de una problemática que afecta a muchas familias en nuestro país, por ello levantamos la voz para exigir al Poder Judicial del Estado de Oaxaca, no más impunidad”.
Afirmaron que Claudia (Uruchurtu) era madre, hija, hermana, amiga y una mujer comprometida con su comunidad, por lo que su desaparición no solo ha dejado un vacío irreparable en nuestras vidas, sino que, junto con otros casos en Oaxaca, ha expuesto una herida profunda en la sociedad y que es, la falta de justicia y verdad.
Algo que a las autoridades de antes y de ahora no les importa, incluso, al contrario, luchan contra ella, para favorecer la impunidad”, lanzaron las hermanas Elizabeth y Sara.
Desde aquel fatídico día en que desaparecieron a Claudia, nuestra familia ha luchado incansablemente por encontrar respuestas, afirmaron.
La lucha no ha sido sencilla, logramos obtener una sentencia condenatoria, sin embargo, el rostro de la impunidad se asomó, en el momento en que María Teresa Quevedo Sánchez, Jueza del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito de la Mixteca, decidió beneficiar a la expresidenta municipal con una sentencia diferenciada de todas las demás personas participantes de la desaparición forzada de Claudia”, alertaron.
Destacaron que en la misma sentencia, también se dejó de tomar en cuenta la falta de consideración del trabajo de defensa de derechos humanos que realizaba Claudia, y por ello, como familia decidieron continuar la lucha interponiendo un recurso de apelación.
El día 12 de julio de 2024, el Juez Primero de Distrito, nos dio la razón y ordenó a la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal dejar sin efecto la resolución que ordenaba la reposición del procedimiento y emitir en un plazo de 20 días una nueva resolución en la que se garantice los derechos de las víctimas conforme a estándares internacionales de derechos humanos, revelaron.
Urgieron acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación y que no permitiremos otra vez que la impunidad vuelva asomarse, ya no más injusticias, que no se dejen cooptar por el poder político o la influencia política que pudieran tener las personas involucradas.
