Durante el periodo de enero a noviembre de 2024, los ayuntamientos y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), fueron las instituciones con mayor denuncia por violaciones a los derechos humanos de las y los oaxaqueños.
De acuerdo con datos de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), en este periodo se contabilizaron mil 898 casos por violaciones de derechos humanos cometidos por las diferentes instituciones gubernamentales, de seguridad y procuración de justicia.
Las dependencias señaladas con mayor frecuencia fueron los ayuntamientos con 842 denuncias, en segundo lugar, la Fiscalía del Estado con 396, le sigue el Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO) con 271, después el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) con 217, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con 172 casos.
De los derechos violados más frecuentes y las conductas violatorias más recurrentes destacan el derecho a la legalidad con 613 casos, después el derecho al debido proceso con 318, le sigue el derecho de petición y pronta respuesta con 206 y el derecho a la libertad deambulatoria con 164.
Otro de los derechos fundamentales más violentados en el estado de Oaxaca, es la libertad de expresión; tan solo en el periodo de enero de 2022 al primer semestre del 2024, el órgano defensor inició 36 expedientes y cuadernos de antecedentes por violación a los derechos fundamentales de quienes realizar la labor de informar a la ciudadanía.
Por año, en el 2022, la Defensoría inició cinco expedientes, así como 13 cuadernos de antecedentes para un total de 18, mientras en el 2023 fueron cinco expedientes y nueve cuadernos de antecedentes para un total de 14.
En el primer semestre del 2024, se iniciaron un total de tres expedientes y un cuaderno de antecedentes para un total de cuatro casos y un acumulado de 36 expedientes y cuadernos de antecedentes en este periodo.
De acuerdo con representantes del gremio periodístico de Oaxaca, los principales agresores siguen siendo las instituciones de seguridad y procuración de justicia que impiden cotidianamente la labor periodística y afectan la libertad de expresión.
