Como parte de los trabajos para la elaboración de un documento que guíe la actuación e implementación de estrategias encaminadas a la protección y seguridad de las mujeres en situación de violencia en el Poder Judicial del Estado, juezas y jueces en materia familiar, civil y mixta, sostuvieron una mesa de trabajo con la magistrada Adriana Alejandra Ramos León, del Primer Tribunal Colegiado en materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito del Estado de Oaxaca.
En el ámbito del Acceso a la Justicia, las Órdenes de Protección han sido catalogadas como uno de los recursos jurídicos más efectivos puestos a disposición de las mujeres víctimas de violencia; por lo cual, en la administración del magistrado Eduardo Pinacho Sánchez la sensibilización del personal judicial respecto a este tema es prioritaria.
En el 2023, en el marco de la presidencia del Comité de Protección Legal y Acceso a la Justicia (Comité PLAJ) del Sistema Estatal de Prevención Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres, la institución presentó el proyecto Órdenes de Protección y Test de Evaluación de Riesgo. Guía para su emisión y seguimiento en el Estado de Oaxaca; instrumento que fue elaborado en coordinación con las instituciones y poderes públicos que integran dicho Comité.
La citada Guía pretende ser una herramienta que permita fortalecer las órdenes de protección a favor de mujeres víctimas de violencia. Asimismo, se contempla que este instrumento contará con flujogramas de actuación, en donde cada una de las instituciones del Estado, obligados constitucional y convencionalmente, establece la ruta de actuación y atención frente a la violencia de género.
En la reunión que tuvo como sede el Consejo de la Judicatura y fue moderada por la jefa de la Unidad de Igualdad de Género de la Dirección de Derechos Humanos, maestra Sheila Sánchez López, se revisaron temas como los criterios mínimos para garantizar la eficacia de las órdenes; los elementos para evaluar el riesgo o peligro en el que se encuentra la solicitante de la orden de protección, las prácticas comparadas con otros poderes judiciales en materia de órdenes de protección y los obstáculos que enfrentan.
