A cuatro años de haber sufrido el despojo de sus bienes, Guillermo Rivera, originario de San Cristóbal Suchixtlahuaca, Juxtlahuaca apela a la imparcialidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y le otorgue la protección de la ley.
En entrevista, recordó que en el 2015 sufrió la sustracción ilegal de sus 148 animales de pastoreo (chivos) de la raza Boer, con un precio actual en el mercado de 8 mil pesos, sin que la presidenta municipal de ese entonces, Rosa López Baltazar tuviera argumentos legales.
“La autoridad municipal y de Bienes Ejidales, Fortino Islas Domínguez, ordenaron la captura del ganado, argumentando que se encontraba en la zona reforestada, pero sólo fue un pretexto para despojarme de mi patrimonio”, dijo.
Incluso advirtió la intromisión en el conflicto del actual director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, mediante la organización Servicios del Pueblo Mixe, que lleva el caso por parte de las autoridades municipales a través del representante, Marcelino Nicolás Sánchez.
“El ministro José Pardo Rebollar nos había otorgado el amparo, pero tiempo después cambian el sentido de la resolución y al parecer viene en contra, por eso vamos a acudir a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y denunciar las violaciones sistemáticas a las garantías de los indígenas”, advirtió.
Sostuvo que en una reciente asamblea en la comunidad se informó que el señor Guillermo Rivera le debe al pueblo 36 millones de pesos, por gastos del litigio “y (supuestos) pagos a ministros de la SCJN para cambiar el fallo”.
Por lo que, dijo, en varias ocasiones han denunciado incluso ante el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador la corrupción que prevalece en la SCJN al violentarse los derechos de los indígenas y piden al titular del INPI sacar las manos del litigio.
Acusó a la expresidenta municipal, Rosa López Baltazar; exsíndico municipal, Guillermo Rivera Baltazar; exregidor de Obras, Basilio Ferrer; exregidor de Policías, Jorge José Juárez, y el entonces comisariado, Fortino Islas Domínguez, de ser los autores intelectuales y materiales del despojo y desplazamiento forzado de su persona y familia.
“Se aprovecharon que yo me encontraba en la ciudad de Oaxaca y que se encontraba sola mi nuera con mis dos nietas de 4 años y 5 meses de edad, para desalojarlas de manera violenta”, dijo.
