Elizabeth Sánchez González, consejera depuesta temporalmente de la presidencia del IEEPCO acusó una persecución administrativa y penal en su contra, la cual -dijo – podría derivar en una detención.
Los procedimientos han transitado de lo administrativo a lo penal en una clara utilización política de las instancias judiciales, incurriendo incluso en hostigamiento, ya que el día 16 de abril el Juez de Control de Tanivet libró una orden de comparecencia y ese mismo día a la medianoche acudieron a mi domicilio a tratar de notificarme un citatorio judicial, con la clara intención de amedrentarme”, reveló a través de un posicionamiento hecho público tras la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa, el cual la inhabilita por un año para ejercer el cargo.
Por lo que desde este momento denuncio la intención evidente de privarme arbitrariamente de mi libertad”, afirmó la consejera del órgano electoral local mediante sus redes sociales.
De igual manera consideró falsos los señalamientos en su contra, dado que se le señala de presuntos actos de desvío de recursos públicos, “agotaré todas las instancias legales internas y de ser necesario acudiré a instancias internacionales hasta limpiar mi imagen”.
Subrayó que la sentencia del Tribunal de Justicia Administrativa atenta de forma flagrante contra sus derechos civiles, políticos y laborales a ejercer el cargo en el que fue designada.
No permitiré, por ningún motivo, que mi caso se convierta en el ejemplo de lo que les puede pasar a las mujeres que no son condescendientes con un sistema racista, clasista, machista, misógino y patriarcal al interior de las instituciones y de los gobiernos, ni a las formas tradicionales de ejercer un cargo o presidir una institución”, lanzó.
Sánchez González enfatizó que la sanción se enmarca en una persecución política y administrativa que inició en su contra el encargado de despacho de la Contraloría General del IEEPCO, Salvador Alejandro Cruz Rodríguez, “a quien los intereses económicos le nublaron la vista y dedicó todo el 2023 y lo que va de este año para presionarme en la toma de decisiones administrativas, y denostar mi imagen y mi desempeño en el cargo”.
Refrendó que el encargado de la contraloría extralimitó sus funciones, de lo cual ya ha quedado constancia en la resolución de octubre de 2023 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación “que me reinstaló de forma inmediata porque en efecto, la única institución que puede remover a una consejería es el INE”.
Consideró la sanción como una afrenta contra el Estado de Derecho y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la que establece que sólo el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) puede remover a las consejerías de los institutos electorales locales de su cargo, ya que la razón de este criterio es precisamente evitar la intromisión de poderes facticos que vulneren la autonomía e independencia de los Institutos Electorales Locales.
El embate no ha sido sólo contra mí, ha sido contra esta noble institución y contra la democracia, enfatizó.
Reitero que “daré la batalla en los tribunales hasta limpiar mi nombre y mi prestigio, y para generar un precedente que ayude a que ninguna mujer tenga miedo a sufrir esta persecución por miedo a atreverse a ser titular de un órgano autónomo del Estado o a ejercer cualquier algún cargo público, cerró la consejera del IEEPCO”.
Asimismo en un mensaje a sus ex colaboradores les dice “tengan la plena satisfacción que hemos cumplido de manera ejemplar con nuestro trabajo, juntas y juntos sacamos adelante de forma exitosa la elección a la gubernatura, las elecciones extraordinarias en siete municipios de la entidad y las elecciones en los más de 400 municipios que se rigen por Sistemas Normativos Indígenas en 2022”.
El 2 de abril pasado, el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca resolvió inhabilitarme por un año para ejercer cargos públicos, en los hechos, me remueve del cargo de Presidenta del IEEPCO e ilegalmente impone efectos inmediatos a su sentencia vulnerando su propia normatividad y mi derecho a la defensa, recordó.
Reveló que el Contralor interno ha iniciado auditorías y procesos administrativos de asedio en contra de su equipo de trabajo administrativo, sobre todo, contra mujeres, actos que, durante la presidencia anterior, encabezada por un hombre, nunca tuvieron lugar.
Hablamos de un Encargado de Despacho, designado por una Comisión del Congreso estatal sin facultades para realizar ese nombramiento, por lo que todos sus actos son ajenos a la legalidad, reiteró la consejera.
