Blanca Padilla / colaboradora
Habitantes de Rancho de Zeta, perteneciente al municipio de San Miguel Sola de Vega, en el sureste de Oaxaca, denunciaron públicamente una serie de agresiones, amenazas y ataques armados que, aseguran, han sufrido durante más de cinco años por parte de un vecino de la comunidad, sin que hasta la fecha las autoridades hayan tomado medidas efectivas para garantizar su seguridad.
Ante la falta de respuesta institucional, las familias afectadas responsabilizan de cualquier daño que puedan sufrir a las autoridades encargadas de procurar justicia y garantizar la seguridad de la población: al fiscal general del Estado de Oaxaca, José Bernardo Rodríguez Alamilla; al vicefiscal regional de Valles Centrales, Samuel Jiménez Acevedo; y a la fiscal local, Aurora Bautista Paz.
HOSTIGAMIENTO Y AGRESIÓN
Una de las familias más afectadas ha sido la familia Sibaja Lara, cuyos integrantes afirman haber sido objeto de amenazas, hostigamiento y agresiones reiteradas.
El hecho más reciente corresponde al 16 de junio de 2026. De acuerdo con el testimonio de los afectados, ese día el presunto agresor intentó atropellar al menor Kevin Zaid Sibaja, nieto de Modesto Sibaja, cuando circulaba en una camioneta por la comunidad. El menor logró ponerse a salvo.
Los denunciantes señalan que, minutos después, el mismo individuo regresó portando un arma de fuego y realizó varios disparos contra la vivienda de la familia Sibaja Lara y sus bienes. Según los afectados, al menos ocho impactos alcanzaron una camioneta estacionada y diversas partes de la casa, mientras sus habitantes permanecían en el interior.
Asimismo, aseguran que durante el ataque se escucharon detonaciones de distintas armas, por lo que presumen que el agresor no actuó solo.
Los vecinos sostienen que este no es un hecho aislado. Refieren que el 29 de marzo de 2025 se registró otro ataque armado contra un palenque dedicado a la producción de mezcal, propiedad de Miguel Sibaja.
DESACUERDOS POR UN CAMINO
De acuerdo con los testimonios recabados, el conflicto se originó a partir de desacuerdos relacionados con el uso de un paso que conduce a la vivienda del señalado. Los propietarios del terreno donde se ubica dicho paso afirman que, de manera recurrente, Norberto Rojas retira las trancas o rejas instaladas para controlar el paso de sus animales y no las coloca nuevamente, situación que pone en riesgo su patrimonio.
Sin embargo, los habitantes consideran que el conflicto ha escalado mucho más allá de una diferencia vecinal y denuncian un patrón sistemático de intimidación que ha generado miedo e incertidumbre entre las familias de la comunidad.
Los pobladores afirman haber presentado diversas denuncias ante las autoridades competentes, pero señalan que hasta ahora no han obtenido respuestas efectivas ni medidas de protección, pese a la gravedad de los hechos denunciados.
Por ello, hacen un llamado urgente a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, al Gobierno del Estado, a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para que vigile la inacción de las autoridades locales y a las instancias federales competentes para que investiguen los hechos, garanticen la seguridad de las familias afectadas y eviten que esta situación derive en una tragedia irreparable.
Los habitantes de Rancho de Zeta sostienen que no buscan confrontación ni violencia, sino que se garantice el Estado de derecho, la seguridad de las familias y el acceso a la justicia que, aseguran, les ha sido negado durante años.
