“No está mal que haya acciones emergentes porque estamos en emergencia, pero nos preocupa que no se pase de ahí”, señala Juan José Consejo, presidente del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca (INSO) ante medidas del corto plazo emprendidas por el gobierno estatal ante la crisis por la insuficiencia en la disponibilidad y suministro de agua potable en la ciudad de Oaxaca.
De al menos 400 mil personas de 10 municipios de la zona conurbada que atiende Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SOAPA), la capital es la que más ha resentido la falta de agua suficiente, al concentrar a cerca de 300 mil habitantes y al enfocar su economía en la actividad turística.
Los 195 litros por segundo disponibles desde diciembre del año pasado (100 menos que en el mismo mes de 2022) no son ni la quinta parte del ideal que ha calculado la autoridad: 1,100 litros por segundo. Y por lo cual, como confirma Consejo, no se está garantizado el derecho humano al agua potable que establece el artículo cuarto constitucional.
Sin embargo, subraya que, en momentos de crisis como este, y que resultó de varias décadas de omisiones ante el problema, son necesarias las acciones emergentes. Lo preocupante, advirtió, es que no se pase de ello, especialmente porque la crisis se agudizará. Además, porque con la extracción de agua mediante pipas particulares o el programa gubernamental solamente se están sobre explotando los mantos acuíferos.
“El gobierno tendría que elaborar un programa específico sobre el agua”, pero no sólo en los Valles Centrales, que tiene la mayor demanda y concentración de problemas en torno al agua, sino para todo el estado.
“Para solucionar un problema tan complejo como el agua se requiere una visión integral y un programa que tenga muchos componentes, algunos de carácter legal, otros de infraestructura, de conservación de recarga de acuíferos, etcétera”.
Sobre el programa de hidrantes, el director del INSO pidió revisar las condiciones del mismo, para que no dé lugar a conflictos. Además de que esté acompañado de medidas integrales “que tienen que ver con el riego agrícola, la conservación de las esponjas (naturales), reparar la red de agua potable, revisión de concesiones, hay que ver la parte legal y de la legislación estatal”.
A decir de Consejo, es necesaria “una ley estatal del agua”.
