De acuerdo a Servicios para una Educación Alternativa (Educa), el estado lidera el ranking nacional como el sitio con el mayor número de asesinatos de líderes sociales y defensores asesinados.
En el recuento de la Organización No Gubernamental en la entidad figuran 41 personas asesinadas desde diciembre de 2018 hasta octubre de 2023, seguidos de Guerrero con 29, Michoacán con 18 y Chiapas con 14 casos.
A través de un Informe, la Ong menciona que a lo largo de cinco años, en México se han registrado 200 atentados a la vida contra personas defensoras, entre desapariciones, homicidios y ejecuciones extrajudiciales, todos en el actual sexenio.
Indicó que el escenario es negativo, dado que 176 personas defensoras fueron asesinadas, 20 personas defensoras permanecen en calidad de desaparecidas y solo 4 aparecieron con vida.
Para la organización desde los inicios del sexenio actual en Oaxaca, la criminalización de la protesta social es la agresión más denunciada, en donde los agresores principales son el gobierno estatal y municipales; 24 personas defensoras y 12 colectivos/organizaciones fueron criminalizados durante este año.
Del total de los 54 eventos registrados en Oaxaca, destaca la región del Istmo con 46 agresiones que van desde el hostigamiento, criminalización, hasta agresiones físicas y asesinatos, detalla.
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Expuso que en el conjunto de agresiones, los principales agresores denunciados son autoridades estatales con el 44% de los casos y autoridades federales con el 22%, en las que la Marina y Guardia Nacional son actores denunciados principalmente en el Istmo en el marco de la imposición del proyecto de desarrollo del Istmo de Tehuantepec.
Indicó que a nivel federal han documentado y sistematizado desapariciones, homicidios y ejecuciones extrajudiciales, además, a nivel estatal han dispuestos de un monitoreo permanente sobre otro tipo de agresiones como: amenazas, intimidaciones, criminalización y agresiones físicas hacia personas defensoras.
Lamentó que pese a ser un gobierno ajeno al PRI (Morena), las agresiones contra personas defensoras y sus organizaciones, comunidades y procesos colectivos es una constante, y que los niveles de impunidad se mantienen, no hay justicia para las personas defensoras agredidas.
Lejos de garantizar el derecho a defender derechos, el Estado Mexicano continúa criminalizando su labor en los tres niveles de gobierno, alertó.
Por lo cual, Educa exigió brindar justicia para las personas defensoras agredidas, asesinadas y desaparecidas en el estado de Oaxaca y el país.
Reivindicó la defensa comunitaria como un derecho fundamental y legitimo para la construcción de una vida democrática en el país y las bases para generar condiciones hacia una paz legítima y verdadera.
