Nadie impedirá proyecto en exfábrica de Triplay
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Nadie impedirá proyecto en exfábrica de Triplay

El abogado Toro Ferrer ha utilizado documentos apócrifos para litigar e interponer amparos fallidos contra el decreto expropiatorio: Consejero Jurídico


Foto: Luis Alberto Cruz / El Gobierno del Estado proyecta la construcción del centro cultural y deportivo “Parque Primavera Oaxaqueña”, en el terrero de la exfábrica de Triplay.
Foto: Luis Alberto Cruz / El Gobierno del Estado proyecta la construcción del centro cultural y deportivo “Parque Primavera Oaxaqueña”, en el terrero de la exfábrica de Triplay.

Tras la expropiación del terreno que durante años fue ocupado por la Fábrica de Triplay, el Gobierno del Estado inició los trabajos de limpieza del predio, rehabilitó las cisternas y cercó su perímetro para que en breve inicie la construcción de un centro cultural y deportivo al que llamará “Parque Primavera Oaxaqueña”.

La recuperación del espacio recreativo que beneficiará a más de 447 mil personas que habitan los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, Santa María Atzompa, San Jacinto Amilpas y San Pablo Etla, entre otros, cuenta con el aval de 66 por ciento de ciudadanos oaxaqueños tras una encuesta de “Grupo Impacto”, destacó el gobernador Salomón Jara Cruz.

Por ello, dijo, “no vamos a permitir que un señor como Enrique Toro Ferrer que ha sido el hombre más tranza, más ratero, impida ese proyecto”, dijo en su conferencia matutina de los lunes.

Formó parte de un grupo selecto de exfuncionarios del llamado “Cartel del Despojo” y debido a las múltiples irregularidades que le han detectado será investigado para actuar en consecuencia, anunció.

Estableció que el abogado tiene terrenos en diferentes partes del estado; “si vas a Huatulco tiene terrenos, si vas a Puerto Escondido, Punta Colorada la mitad es de él, Triplay y otros. Si vamos a la Ciudad de México y hasta en Estados Unidos, tiene terrenos”.

Ante tal situación, anunció: “vamos a investigarlo porque no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. El hecho de que se haya amparado y le hayan rechazado, es porque él no demostró que es de su propiedad”.

El terreno se trata de un polígono con una extensión de 11.84 hectáreas que según las autoridades se había convertido en caldo de cultivo para la violencia, inseguridad y contaminación.

 

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Por su parte, el Consejero Jurídico, Geovanny Vázquez Sagrero, confirmó que el abogado ha utilizado documentos apócrifos para litigar e interponer amparos fallidos contra el decreto expropiatorio de las 11.84 hectáreas donde operaba la Fábrica de Triplay.

Recodó que tras sostener una conversación con él, exhibió un documento con el que litiga a nombre de María Elena Medina López, una de las supuestas propietarias de un lote de los terrenos expropiados.

Sin embargo, al revisar el documento se encontraron con juicios en el anterior Tribunal de Justicia Administrativa, donde ordenaban al Instituto Catastral que le dieran cédulas catastrales, además de encontrar juicios y amparos promovidos.

Por eso llamó la atención que el 21 de julio del 2016, notificara al Gobierno del Estado a nombre de Medina López y otras personas, con un poder con el que compareció ante todos los juicios. Es un testimonio de un poder con el que promovió el reciente amparo contra el decreto expropiatorio.

Cuando se revisó el libro del Notario Público, David Vázquez Urdiales, “nunca aparece la firma de Medina López y ese mismo documento fue certificado por el notario Rodolfo Morales Moreno. Al consultarlo con ambos notarios, ellos confirman que el documento es falso”.

Vásquez Sagrero fue tajante al considerar “el poder es falso y lo que encontramos en el libro es lo genuino y certificado por la Dirección de Notarías, que el poder con el que ha promovido amparos no tiene ningún sustento y es nulo. Luego entonces, el documento podría tildarse de apócrifo. Ha comparecido y ha promovido todo lo que tiene que ver con la exfábrica de Triplay”.

También reveló capturas de pantalla del sistema de Catastro, las cuales un abogado particular no puede tener en su poder, “pues son documentos que solo puede tener el Estado y solamente podía tener personal o el director del instituto Catastral. Eso habla del control que tenían para ingresar al sistema”.


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