El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) mostró su preocupación por los efectos negativos que llegue a generar el decreto presidencial por el cual se declararon de utilidad pública algunas actividades ferroviarias de la empresa privada Ferrosur.
A través de un comunicado, el organismo empresarial dio a conocer que más allá de la controvertida legalidad de dicho decreto, expresan inquietud por los efectos negativos que este tipo de decisiones generan en la confianza de invertir en México y de generar empleos, en un momento de grandes oportunidades.
El CCE expresa su preocupación por el decreto publicado el día viernes 19 de mayo de 2023, que declara de utilidad pública diversas actividades ferroviarias que estaban concesionadas al sector privado en la zona del Istmo, y que pasarán ahora a favor de la empresa paraestatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V”.
Sostiene que los empresarios han manifestado plena disposición para dialogar con el gobierno y construir juntos las mejores opciones que detonen el desarrollo nacional.
E Incluso cita ha sido el interés de la Iniciativa Privada por participar en el proyecto de impulso al sur del país que tanto se necesita.
Sin embargo, expone que es necesario que para dichos propósitos se procuren condiciones de plena certeza jurídica para seguir fortaleciendo el interés de empresarios mexicanos y extranjeros por invertir en los grandes proyectos nacionales, detonantes de dinamismo, bienestar y empleo.
Reiteramos nuestra disposición a mantener el diálogo abierto y profundo para construir y anticipar con certidumbre las mejores definiciones de autoridad que coadyuven a mantener la confianza, así como a fortalecer la inversión, el crecimiento, el empleo y el desarrollo de México”, señala.
La semana pasada, un tramo del ferrocarril de Ferrosur, SA fue considerado “de utilidad pública” y transferido a una entidad gubernamental denominada Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec que será operado por la Armada, según el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Ferrosur es una unidad de Grupo México, propiedad del empresario Germán Larrea.
El decreto, que afecta a 120 kilómetros de los mil 500 kilómetros de vía férrea, fue firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
