Con documentos de las denuncias penales contra el titular de la Coordinación General de Atención Regional, Donato Vargas Jiménez, organizaciones y colectivos feministas exigieron al gobernador del Estado, Salomón Jara Cruz, romper con el pacto patriarcal y destituir al funcionario acusado de violencia por razón de género.
Frente al Palacio de Gobierno, las denunciantes y representantes de diferentes organizaciones sociales, recordaron que el funcionario no solo ha tenido una denuncia penal por violencia familiar, sino también ha sido acusado de formar parte de un chat donde se compartían imágenes íntimas de mujeres de la Sierra mixe, entre otras prácticas sexistas, misóginas y violentas.
Sandra Domínguez y Martha Araceli Cruz Jiménez, denunciantes y víctimas de la violencia cometida por parte del funcionario, lamentaron que el gobernador lo mantenga en un cargo público a pesar de las denuncias ante las instancias correspondientes.
Yesica Sánchez Maya, integrante de Consorcio Oaxaca, expuso que mantener a Donato Vargas en el Gobierno estatal solo es significado de la complicidad de las autoridades con la violencia feminicida contra las mujeres de Oaxaca.
Manifestamos nuestro repudio de que aún se mantenga en el gabinete un agresor que ha sido actor de diversas denuncias públicas por sus prácticas sexistas, misóginas y violentas”, afirmó la también defensora de Derechos.
Entre las denuncias contra Vargas Jiménez las víctimas refirieron violencia familiar en sus diversas formas, amenazas y agresiones verbales, entre otras que generaron depresión y ansiedad en una de sus exparejas.
Me golpeó, me destruyó mi celular y me amenazó que si lo denunciaba me arrojaría ácido en la cara o me mataría a machetazos. Por esa violencia perdí a mi bebé de 26 semanas de gestación”, expuso la expareja de Donato, Martha Araceli Cruz Jiménez.
También demandaron al Fiscal General a que actué con la debida diligencia, sin revictimización y otorgue las medidas de protección en favor de las víctimas; que se agilice la integración de la carpeta de investigación y se proceda a la judicialización inmediata para que se garantice el derecho de acceso a la justicia, la verdad y la reparación integral del daño.
