Impiden cargos públicos a deudores alimentarios

Con 29 votos a favor, el pleno de la LXV Legislatura aprobó la modificación de diversas leyes estatales, a fin de evitar que personas deudoras alimentarias ocupen cargos públicos en el Poder Judicial, órganos autónomos y ayuntamientos del estado, salvo que comprueben estar al corriente o paguen.

Además, se dieron pronunciamientos en contra del acoso escolar y llamamientos dirigidos a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), entre otras instancias para que se castiguen y se eviten dichas actitudes.

En la sesión ordinaria, las y los diputados votaron a favor de la iniciativa con proyecto de decreto propuesta por el gobernador Salomón Jara Cruz, mediante la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.

Además de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca; Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, Ley de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca y Código Familiar para el Estado de Oaxaca.

En las modificaciones, les agregaron el texto: “No ser deudora o deudor alimentario moroso, salvo que acredite estar al corriente del pago, cancele esa deuda, o bien, tramite el descuento correspondiente”.

Se pronuncian contra el caso y la violencia sexual escolar

Las y los legisladores del Congreso local lanzaron exhortos y puntos de acuerdo, en las sesión de ayer, contra el acoso escolar y la violencia sexual escolar.

Con 31 votos, el Pleno de la LXV Legislatura aprobó punto de acuerdo de la diputada Mariana Benítez Tiburcio que exhorta a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca a vigilar las denuncias por violencia sexual de las estudiantes de diversos centros educativos.

Instó a que se les dé acompañamiento y seguridad a las estudiantes para denunciar  de manera confidencial todo tipo de violencia cometida por directivos o docentes.