Exempleados del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca (MACO) denunciaron que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) filtró el expediente de su caso a diputados locales e incumplió con la notificación de un fallo que esperaban para el 27 de agosto.
Con la fuga de información o filtración han expuesto su integridad, señalaron, pues en el expediente hay datos personales de las y los demandantes.
A casi año y medio de interponer la demanda laboral ante el órgano, las y los afectados reiteraron que la junta se ha inclinado siempre a favor de la asociación civil Amigos del MACO, su expatrón. Señalaron que la asociación se ha deslindado de la relación laboral argumentando renuncias verbales o bajo contrataciones sin su consentimiento.
Se estima que a la fecha la asociación ya les adeuda más de 3 millones de pesos a los 11 afectados, a los que dejó de pagarles desde abril de 2020. Y a quienes desalojó violentamente del museo el 10 de abril de 2021. Desde esa fecha, el museo permanece cerrado.
Como esta deuda, refirieron que de Amigos del MACO quedaron pendientes pagos por 1.5 millones de pesos a proveedores.
Las y los 11 afectados (quienes laboraban en la dirección, departamento educativo, intendencia, administración, entre otras áreas), explicaron que desde que recurrieron ante la comisión permanente de Cultura, Juventud, Cultura Física y Deporte del congreso local solo han sido revictimizados, pues se ha inclinado por Amigos del MACO y los ha acusado de ser los responsables del cierre del museo.
Este miércoles, durante una protesta a las afueras de la JLCyA, expusieron que legisladores como Samuel Gurrión Matías, Elvia Gabriel Pérez López y César Mateos Benítez los han intimidado. Además de decirles que su demanda tardará varios años y con ello ha buscado que desistan.
Fue solo después de la protesta de ayer cuando personal de la junta local accedió a recibir a dos de los cuatro exempleados que se manifestaron. Aunque les informaron que sus primeras pruebas para defensa fueron aprobadas, aún faltan por aportan otras de tipo testimonial y así seguir el proceso. Se espera que tras ello haya nuevas sesiones en septiembre.
Sin embargo, en este último encuentro no se les permitió cuestionar al presidente de la junta (Benjamín Hernández) y al de la mesa que lleva su caso (Rafael Contreras) el porqué de la filtración del expediente a las y los diputados locales.
El hostigamiento y violación a sus derechos humanos y laborales fueron externados por los afectados, entre ellos la exdirectora Cecilia Mingüer y sus compañeros Óscar Aragón, Néstor Hernández y Laura Cravioto. Y es que explicaron que desde que estalló el conflicto y ocurrió el desalojo han sido vigilados y hostigados por la asociación y la Policía Auxiliar, Bancaria e Industrial (PABIC).
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