En el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) persisten vicios administrativos como el pago a profesores fallecidos; mantener en nómina y realizar depósitos a personal con licencia sin goce de sueldo, uso de software “pirata” o al menos sin licencia para funcionamiento o mantenimiento de equipos; además, algo trascendental, tiene 37.6% más plazas que número de trabajadores en nómina.
Esos “pecados financieros y económicos” representan un quebranto para las finanzas públicas ante las observaciones halladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de las cuentas públicas de 2017, 2018, 2019 y 2020, correspondiente a la administración de Alejandro Murat.
Además, de acuerdo con los documentos consultados por EL IMPARCIAL, El Mejor Diario de Oaxaca, la SEP efectuó pagos con recursos del FONE del ejercicio fiscal 2020, por cuenta y orden del IEEPO, a trabajadores después de la fecha de baja definitiva, los que se considera “improcedente”.
Con recursos federales se pagó a personas cuyo RFC no estaba dado de alta ante el SAT, a empleados con CURP inexistente ante el Registro Nacional de Población e Identidad; además, por lo menos 20 trabajadores tuvieron más de una CURP y 8 más de un RFC, todo ello de la revisión de la cuenta pública 2020 cuyos resultados fueron difundidos apenas hace dos semanas.
El pliego de observaciones de la ASF señala que, en este último punto, se está en proceso de actualización en los sistemas de nómina de la entidad y lo da por “solventado”, aunque esta irregularidad, en el caso de empresarios o empresas, ha sido el inicio de una carpeta de investigación judicial.
Otro señalamiento versa en que el IEEPO no realizó retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por conceptos salariales ni de arrendamiento, en 2020.
El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) informó a la Auditoría Superior de la Federación que ejerció en 2020 recursos por 21 mil 767 millones 005 mil 300 pesos para el pago de nómina de 86 mil 042 trabajadores reconocidos por la institución, sin embargo, representó contar con 118 mil 436 plazas, una diferencia de 32 mil 392 plazas respecto a cifra de trabajadores en nómina, con lo que habría, en 2020, al menos 37.6% más plazas que trabajadores en esa institución educativa.
En las 16 páginas de la auditoría de cumplimiento número 2020-A-20000-19-1098-2021 y 1098-DS-GF, la ASF indica que el Gobierno del Estado de Oaxaca “incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Educación por realizar pagos improcedentes.
En el dictamen por uso de recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) se descubre que se realizaron pagos a trabajadores después de la fecha de baja definitiva de la dependencia por 6 mil 100 pesos y a trabajadores identificados como decesos en el ejercicio fiscal 2020, por 6 millones 755 mil 500 miles de pesos, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 6 millones 761 mil 600 pesos, si bien es cierto, esto representó el 0.1% de la muestra auditada”; aunque aclara que 5 millones 162 mil 500 pesos fueron simplemente reintegrados a la Tesorería de la Federación por la entidad fiscalizada, sin explicar si fueron recuperados de los pagos realizados.
Sin embargo, en la cuenta pública de 2017, la primera correspondiente al gobierno de Alejandro Murat, se señaló el pago a aviadores, dado que se determinaron recuperaciones por 303 millones 755 mil 800 pesos de las cuales 220 millones 517 mil 100 pesos se realizó a trabajadores “que no se acreditó su asistencia”; hubo también pagos por más de 45 millones de pesos “posteriores a la baja de los trabajadores”; 23 millones 885 mil 700 pesos por pagos a trabajadores que no realizaron funciones de educación básica o normal; 7 millones 487 mil 500 pesos por conceptos de gasto no permitidos e incluso se debió liberar recargos por no notificar a tiempo el pago de impuestos de ese año.
También, en ese año se desató un escándalo nacional dado que se pagaron recursos a trabajadores adscritos en centros de trabajo no compatibles geográficamente o sea: los centros de trabajo en que desempeñaban sus funciones estaban irracionalmente retirados; a ello se aúnan pagos a empleados con algún cargo de elección popular, que se subsanó en la más reciente revisión.
En ese año la conclusión de la ASF fue tajante: “el Gobierno del Estado de Oaxaca no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio”.
Para 2018 subsanó algunas anomalías, pero destacan entre otras: en 2018 recibió 138 mil 600 pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) que generaron observaciones para el IEEPO pues se “careció de un adecuado sistema de control interno…, de la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades” y especificó: “el Instituto no reportó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) la información correspondiente al personal comisionado y con licencia, así como los pagos realizados durante el ejercicio fiscal 2018 por concepto de retroactivos.
Ese año también se consignaron anomalías con el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos pues se halló divergencias entre pagos al personal comisionado y con licencia que no fue congruente con las nóminas pagadas con recursos del FAETA 2018
Ello obligó a la Auditoría Superior de la Federación la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca o su equivalente realizara investigaciones
