A 14 años de la desaparición de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, sus familiares acusan suspensión de más de dos años de la interlocución, desde el 2019, con representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob).
En el contexto de la décimo octava conmemoración de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido en México con el tema: Y la justicia ¿Cuándo? Nadín Reyes Maldonado, hija de uno de los desaparecidos, Edmundo Reyes Amaya, evidenció que no hay avances de hecho ocurrido el 25 de mayo de 2007 en la capital oaxaqueña.
Expresó que han transcurrido más de dos años desde la última vez que el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, se comprometió a realizar las gestiones para avanzar en la resolución del caso.
No obstante, desde el 2019 están sin interlocución alguna y se cerraron los canales de comunicación con representantes del gobierno y de Gobernación para avanzar en el caso.
“Hoy, al cumplir un año más, es deleznable que la SCJN no haya emitido hasta el momento una sentencia respecto del caso, es más, que ni siquiera haya agendado en la lista de temas a discutir el caso de Gabriel y Edmundo el cual se encuentra en espera en esa institución desde junio del 2020, cuando el gobierno federal decidió atraerlo”, expresó.
Por lo que, Nadín Reyes atribuyó que este gobierno no pretende ser diferente sobre este caso.
Debido a la desaparición de Gabriel y Edmundo hay 8 personas detenidas en diversos penales federales por su participación en la desaparición forzada, y dos prófugos, entre ellos el exprocurador del estado de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez, y el entonces director de la policía ministerial, Pedro Hernández Hernández, dijo.
“A pesar de tener indicios de la participación de elementos del ejército en el hecho, hoy 14 años después, éstos siguen sin ser investigados y sin avance en la SCJN para que se enjuicie y castigue a todos los responsables, tanto intelectuales como materiales”, comentó.
Dijeron que en este 2021, en diversos estados de la república, la desaparición forzada, en algunos casos temporal (ocurrida por horas o días) sigue siendo un mecanismo utilizado para intentar frenar la protesta y el descontento social.
La Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, hizo hincapié en que “las políticas implementadas por la Cuarta Transformación en materia de desaparición forzada han sido insuficientes, que falta voluntad política para dimensionar la naturaleza de esta grave violación a los derechos humanos y que en la gran mayoría de los casos no se ha avanzado en garantizar a las víctimas el derecho a la verdad y justicia”.
Acusaron que en el olvido quedó la propuesta de crear un Instituto Nacional Autónomo de Ciencias Forenses para dar respuesta integral al grave problema de la identificación de cuerpos.
