Oaxaca acumula 272 agresiones contra periodistas en cinco años
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Oaxaca acumula 272 agresiones contra periodistas en cinco años

En lo que va del año, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició dos expedientes por violaciones a derechos humanos cometidas contra periodistas en la entidad, que se suman a las 270 que se registraron de 2015 a 2020.


Oaxaca acumula 272 agresiones contra periodistas en cinco años | El Imparcial de Oaxaca
Foto: Internet

Ante los recientes expedientes, que se generaron por la agresión a dos periodistas de diferentes medios de información, la DDHPO afirmó la necesidad de garantizar la seguridad y libertad de este gremio, así como el de combatir la impunidad y garantizar el acceso a la justicia en estos casos.

La Defensoría recordó que los ataques y agresiones en contra de las y los periodistas afectan a toda la sociedad, porque el derecho a la información es un derecho llave que permite la construcción y fortalecimiento democrático de un país.

Condenó la agresión cometida contra el periodista Javier Santiago, ocurrida la noche del 21 de febrero, al mismo tiempo de dictar medidas cautelares para solicitar a las autoridades protección para el comunicador.

Personal de la DDHPO afirmó que ante esta reciente agresión, se brindó acompañamiento al comunicador en el lugar donde recibió atención médica y se le aseguró el respaldo para proteger sus derechos humanos.

La DDHPO señaló que este tipo de actos de violencia son un atentado en contra de la libertad de expresión y la labor informativa que realizan las y los periodistas, y por ello inició el expediente de queja DDHPO/0268/(01)/OAX/2021.

Ante ello, se solicitó a la Secretaría de Salud garantizar el acceso a la atención médica con calidad y calidez, mientras que a la Secretaría de Seguridad Pública pidió que elementos de esa institución realizaran labores de protección y seguridad, para evitar acciones en contra de su integridad física que provoquen daños de difícil o imposible reparación.

También pidió a la Fiscalía General del Estado la implementación de medidas de protección, así como una investigación del hecho delictivo conforme a los principios de la debida diligencia, a fin de que se pueda llevar a los perpetradores a juicio y con ello se haga justicia para que este tipo de actos no queden en la impunidad.