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Eliminación de outsourcing sólo agrava la crisis: fiscalista

“Al gobierno le interesa tener una mayor recaudación, no que el trabajador tenga pensiones dignas”: Pedro Lozano Jiménez


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Para el fiscalista, Pedro Lozano Jiménez, la Reforma Fiscal que se pretende implementar en el 2021 y la eliminación de la subcontratación, conocida como outsourcing, agrava la crisis económica de México.

“Existe un discurso por parte de las autoridades federales de que no hay, no ha habido y no habrá nuevos impuestos, eso es cierto, pero esto no significa necesariamente que no haya una mayor presión tributaria porque tradicionalmente para lograr una mayor recaudación, lo que se hacía era aumentar las tasas impositivas en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y al Valor Agregado (IVA)”.

“Si bien en los últimos años no ha habido nuevos impuestos, ni aumento en las tasas, pero hemos visto facultades de recaudación sumamente agresivas, lo cual es lo que las autoridades no dicen pero se ven reflejadas en este cambio a partir del 2021”.

Previo a la aprobación y entrada en vigor de las nuevas reformas fiscales, el especialista con licenciatura en Derecho, maestría en Derecho Fiscal, diplomado en Derechos Humanos, Alternativas Fiscales y con doctorado en Materia Fiscal, realizó un análisis del sistema tributario federal y las repercusiones sobre la posible eliminación de la figura de la subcontratación.

“Podríamos resumirlo de manera puntual en dos rubros la reforma fiscal 2021, el más importante, el combate a la figura coloquialmente conocida como outsourcing, que aún no está aprobado en el Congreso de la Unión, pero ya es una propuesta y la reforma fiscal la conoceremos de manera definitiva el 15 de diciembre de 2020”.

Expuso que desde que se implementó la subcontratación hace más de 20 años, “en las grandes empresas se permitió que hubiera áreas especializadas que daban soporte y personal en cada rubro y las empresas se enfocaban a sus especialidades, el punto de quiebre siempre serán los excesos, hubo empresas donde las utilizaron a través de sociedades cooperativas, donde les decían a los empleados que no iban a ser sus trabajadores sino sus asociados y dependiendo de su trabajo, se consideraba su asalariado, lo que nos les decían es que no tenían prestaciones, el trabajador nunca se enteraba y eso fue un abuso”.

“Ahora se dice que con esta práctica se les está violando los derechos a los trabajadores, pero esto habría que tomarlo con mucha reserva porque habría que preguntarse si en realidad la autoridad fiscal le interesa al trabajador, pues lo que vemos es que le interesa mucho más el recurso, el impuesto”.

Lozano Jiménez explicó que un trabajador que cuenta con las prestaciones de ley desde seguridad social hasta Infonavit, no precisamente obtiene un beneficio; “al contrario, muchos de los casos se complementan con una serie de beneficios de manera directa al trabajador; lo que está pasando es que el gobierno está recibiendo menos cantidad de dinero, porque si un trabajador gana 200 pesos y otro 1,200 pesos, el servicio que recibe por parte del IMSS es exactamente el mismo y cuando los dos se jubilen, la cantidad que recibirán será exactamente la misma”.

“Entonces en ese panorama, la solución no es quitar la subcontratación, la solución es implementar planes complementarios de pensión, que los que tengan la posibilidad contraten una pensión privada que les permita tener un ingreso complementario, de lo contrario en el día de su retiro será muy decepcionante ver cuánto van a recibir de su pensión. Por eso es importante señalar que tenemos dos aspectos, por una parte, el abuso de estas figuras jurídicas y por otra, la satanización a través del discurso político que no está solucionando el problema de fondo del ciudadano; al gobierno le interesa tener una mayor recaudación, no que tenga el ciudadano pensiones dignas”.

“Eso es falso y desacertado, se habla que primero los pobres, de dar a los que menos tienen, de programas sociales, pero yo les pregunto, ¿quiénes van a pagar esos programas sociales, las becas, a los adultos mayores y los beneficios políticos cuando hay elecciones?, lo pagamos todos los ciudadanos”.

El especialista afirmó el dinero del erario público no es una bolsa mágica “en donde metemos la mano y sacamos dinero, ese dinero lo aportamos nosotros, los que aportamos activamente a la economía, que son estos dos impuestos directos e indirectos como el ISR y el IVA, de aquí salen los fondos de los programas sociales”.

“En Emiratos Árabes, por ejemplo en Dubái, los gobiernos no tienen problemas, tienen tanto petróleo que ellos de manera mensual les proporcionan un subsidio a sus habitantes, no necesitan trabajar porque tienen de dónde sacar el recurso, pero no es nuestro caso, tenemos a Pemex quebrado desde hace muchos años, tenemos que asumir un posicionamiento más crítico, estamos de acuerdo con los programas sociales pero también necesitamos un gobierno productivo, un gobierno que haga ganar a Pemex, que pueda instrumentar otros mecanismos, pero ahora se sataniza la inversión extranjera cuando ellos traen su propio dinero y que al momento que le pagan al trabajador, reactivan la economía.

El fiscalista, Pedro Lozano Jiménez, detalló que la reforma fiscal para 2021, también contempla mayores candados para la emisión de comprobantes fiscales para combatir los comprobantes falsos o la simulación de operaciones de empresas.

“Se implementa un mayor mecanismo de control en la emisión de certificados y sellos digitales por parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT), a partir de que la autoridad identifique comprobantes simulados o inexistentes lo va cancelar de manera definitiva. Es un mecanismo de restricción de comprobantes, si un empresario hace estas prácticas, a partir del 2021 puede ser responsable solidario, si se deja de pagar impuestos por estas empresas, lo tendrá que pagar el empresario o quien solicitó el servicio, lo que representa un riesgo porque se les están dando facultades excesivas que se pude prestar en abusos de poder de los funcionarios fiscales”.

“Con estos candados y con la eliminación de la subcontratación, viene agravar la crisis sobre todo en tiempos donde se están perdiendo empleos, están cerrando comercios y la gente no tiene dinero, es un golpe muy fuerte al empresariado y a los mismos ciudadanos que se pueden quedar sin empleaos”, destacó.

La reforma de AMLO en 8 puntos

Los principales puntos de la reforma, de aprobarse en el Congreso de la Unión, serán los siguientes:

 

1.- Con excepciones específicas, se prohíbe la subcontratación de personal que consiste en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra.

2.- Sólo queda permitida la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica de la empresa beneficiaria de los mismos.

3.- Las empresas o patrones que recurran a la prestación de servicios especializados con un contratista que incumpla las obligaciones con sus trabajadores, serán responsables solidarios de los trabajadores implicados.

4.- Las empresas que presten servicios especializados requerirán autorización por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a ser renovada cada 3 años; además, quedarán inscritas en un padrón público.

5.- Quedan permitidas las agencias de colocación, pero éstas sólo podrán intervenir en el proceso de contratación (reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, entre otras actividades) y en ningún caso se considerarán como patrones.

6.- La violación a las nuevas disposiciones implicará multas de 2,000 a 50,000 veces la Unidad de Medida y Actualización; para este 2020, esos valores van de los 173,760 pesos hasta los 4 millones 344,000 pesos.

7.- Los pagos por concepto de subcontratación de personal no tendrán efectos fiscales de deducción o acreditamiento; además, las irregularidades se procesarán como un delito de defraudación fiscal.

8.- La reforma entrará en vigor el 1 de enero de 2021, tras lo cual la STPS deberá expedir reglas y una vez publicadas éstas, las empresas prestadoras de servicios especializados tendrán 6 meses para obtener la autorización de la dependencia para ello.


 

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